Proveedores funcionan y logran mantener cadena de suministros

Proveedores funcionan y logran mantener cadena de suministros

Turnos especiales y teletrabajo se imponen como medidas en varias empresas ante la amenaza del Covid-19. Según un estudio del gremio local, distribuidores, fabricantes e importadores se han podido adaptar a la contingencia para abastecer a constructoras e inmobiliarias.  

Un análisis descriptivo de cómo está funcionando el área de los proveedores del sector de la construcción elaboró la CChC Concepción, a través del Comité de Industriales y Proveedores (CIP), con el objetivo de mantener informados a los asociados sobre el panorama de una de las áreas claves de la cadena productiva del sector.

El estudio abarcó a empresas del ámbito como distribuidoras, fabricantes, importadoras y subcontratos. A estas compañías se les encuestó respecto de su forma de operación durante estas últimas semanas; si cuentan con tiendas o sucursales abiertas y qué medidas sanitarias implementan en la actualidad.

La mayoría de las empresas, todas ellas pertenecientes al CIP, han adecuado sus operaciones a la contingencia, adaptándose a protocolos sanitarios y restricciones que impone la autoridad en las diversas zonas del país, como cuarentenas y cordones sanitarios.

En general se trabaja con dotación de personal más reducida, las que aún mantienen sucursales abiertas. En esos casos, lo dispuesto apunta a un ingreso de personas controlado y en el interior de las dependencias se están implementando medidas para proteger a sus trabajadores y al público, como disponer de alcohol gel; uso de guantes y mascarillas; instalar parabrisas en cajas; desinfectar oficinas periódicamente y control de temperatura a operarios.

Asimismo, cada una de ellas ha fomentado una cultura del autocuidado entre sus colaboradores. Además de instaurar turnos éticos de trabajadores. La gran mayoría ha adoptado el teletrabajo para personal administrativo y muchas han potenciado sus ventas y manejo de distribución por canales virtuales, comunicaciones por mails y telefónicamente.

Teresa Cáceres, presidenta del CIP, afirma que la cadena de distribución es clave para toda la economía del país. “Mientras continúe la actividad de proveedores, no solo del sector construcción sino en general, se puede superar y dar tranquilidad a la comunidad en medio del confinamiento y de medidas sanitarias, porque no se interrumpe el abastecimiento”.

A su juicio, el desafío para este sector es enorme, ya que es el que permite que en el caso de proveedores del área de la construcción, las obras sigan ejecutándose y así los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo. “Hoy existen varias empresas que hacen el esfuerzo de continuar. El suministro no se ha perdido, pese a que existen ciertos retrasos”, señala Cáceres.

Varias importadoras tienen stock y no ha existido mayor problema en ese sentido, pero si es un panorama que debe ser tomado en cuenta por las empresas.

SITUACIÓN DE SUMINISTROS

La dirigente señala que el propósito del estudio realizado por ese comité es informar a los socios e ir actualizando los datos para que conozcan cómo está operando el sistema de distribución de las principales empresas del sector.

“Con esta información pueden tomar mejores decisiones de negocios. Si por ejemplo, algún material tendrá dificultades de stock o cuáles materias primas han disminuido o que por disposiciones ya no pueden ingresar; se anticipen y puedan enfrentar estos escenarios”, dice Cáceres.

Lo primordial, señala la ejecutiva, es entregar tranquilidad y recalcar que la cadena de suministros está operando.

Según el catastro elaborado serían las empresas importadoras y las que requieren de materias primas del exterior, las que tienen más riesgo de disminuir su actividad.

Teresa Cáceres dice que varias importadoras tienen stock y que no ha existido mayor problema en ese sentido, pero que si es un panorama que debe ser tomado en cuenta por las empresas. “Aunque no es el grueso de las materialidades hasta el momento”, recalca.

Lo que sí ha ocurrido por el brote de coronavirus es el efecto en el precio del dólar, indica Cáceres. Agrega que es una consecuencia inmediata en el mercado nacional e internacional, que afecta bastante a las importaciones y que, naturalmente, provoca un alza de precios.

El golpe del Covid-19: Construcción sufriría nuevo descenso en su actividad

El golpe del Covid-19: Construcción sufriría nuevo descenso en su actividad

En el análisis realizado por la CChC sobre las expectativas económicas para el país y el sector se contempla un escenario a la baja, mayor incluso que el anticipado tras el estallido social. Para los expertos, garantizar la liquidez de las empresas que propicia el plan del Gobierno es un pequeño alivio para evitar una seguidilla de quiebras.

Si ya el sector construcción había iniciado este año 2020 con un panorama deprimido por la menor inversión, con una caída estimada del 7,7% y pérdida de empleos, que llegarían a 40 mil puestos de trabajo menos, producto de la crisis social; el nuevo escenario ahondaría esas proyecciones.

En la conferencia “Análisis Económico de Chile y el Mundo y las Perspectivas para la Economía en el Contexto Actual” organizada por la CChC, Ángel Cabrera, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores, expresó que el coronavirus generará una recesión a escala global.

“Es la tercera peor crisis mundial de la historia. Primero fue la de 1930, luego la crisis Subprime y ahora lo que está ocasionado el Covid-19. Para la economía china el efecto es devastador, así como también para el continente europeo”.

En la nación asiática, el impacto comienza recién a conocerse con fuertes descensos: un 17% cayeron las exportaciones; un 20% las ventas minoristas, un 4% las importaciones y un 24%, la inversión en ese país.

La interrogante, según Cabrera, es saber ¿cuánto tardará en recuperarse? El experto plantea que si la crisis es bien manejada será necesario entre 22 a 48 meses para volver al estado inicial.

“Las medidas anunciadas por el Gobierno son contundentes para ir en apoyo de preservar la liquidez del sistema financiero y de las personas. Aunque impliquen un alto costo fiscal” (Ángel Cabrera, director de Forecast Consultores)

EVITAR LA QUIEBRA

A juicio del ejecutivo los efectos económicos no sólo se producen por el virus, sino por las medidas para contenerlo. En el caso de Chile, Cabrera afirmó que la economía sufrirá una contracción de un tercio durante el segundo semestre y que seguirá golpeando al precio del cobre.

Anticipa además una fuga de capitales (se estima la salida de 50 mil millones de dólares de los mercados emergentes, como el nuestro) a los que se suma que aún no se superan los coletazos de la crisis política.

En este escenario, la confianza empresarial, que es clave para una economía robusta, también se muestra a la baja.

El factor que, según Cabrera, estará controlado será la inflación, debido a que se esperan nuevos recortes a la tasa de interés por parte del Banco Central. Por lo tanto, expresa, lo que importa ahora es garantizar la liquidez de las empresas para evitar quiebras.

“Las medidas anunciadas por el Gobierno son contundentes para ir en apoyo de preservar la liquidez del sistema financiero y de las personas. Aunque el paquete de medidas implique un alto costo fiscal”, señala.

Para Carlos Smith, economista del Centro de Estudios y Negocio de la Universidad del Desarrollo (UDD), el panorama es complejo para el sector de la construcción, teniendo en cuenta que producto de la crisis sanitaria, la actividad económica se paralizará por algunos meses.

“En el mercado inmobiliario y de la construcción las expectativas son muy relevantes. Se espera un escenario difícil, aunque algunos proyectos puedan verse beneficiados con una baja de tasas anticipada por el Banco Central. Pero en general, será un periodo complejo para el sector”, indica.

Smith coincide que la liquidez es fundamental para las empresas. “Ésta la entrega la venta diaria de las compañías, lo que les permite asumir sus compromisos de corto plazo. Puedo tener una empresa muy solvente pero sin liquidez para responder a los proveedores hace que entre en proceso de quiebra”, ejemplifica.

Agrega que se da la paradoja que existen empresas insolventes, pero que cuentan con recursos líquidos para pagar a corto plazo y que continúan funcionando. En esta situación, señala, la repactación de deudas es una ayuda. “Puede ocurrir que cuando tengo compromisos de corto plazo muy grandes, puedo extenderlos en el tiempo, con una cuota más pequeña y pagable; lo que alivia la posibilidad de quiebra”, dice el economista.

IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN

Con una corrección a la baja de las cifras entregadas por el gremio constructor en su balance de enero pasado, Diego Poblete, encargado de Estudios de la CChC Concepción, coincidió con lo complejo que será este año para el rubro.

El profesional indica que desde el 18-O se ha evidenciado un aumento en los niveles de desestimiento, situación que se explica por el endurecimiento de las condiciones de otorgamiento de créditos hipotecarios y, en menor medida, por la retirada de inversionistas que migraron hacia otros mecanismos de inversión de menor riesgo.

“Lo anterior generó un retroceso cercano al 30% de venta de viviendas en el último trimestre del año pasado”, señaló.

Poblete admite que estos bajos niveles de demanda también tendrán efectos en la oferta, a lo que se suman las restricciones bancarias para financiar a constructoras e inmobiliarias.

“Creemos que las constructoras continuarán con la construcción y comercialización de sus desarrollos actuales, dentro de lo que la nueva normativa les permita, y que a futuro disminuirán la velocidad de futuros lanzamientos de nuevas etapas y proyectos hasta que se conozcan más certezas del desarrollo de la pandemia”, añade el experto.

Agrega que se espera no tener variaciones de los precios, ya que lo extenso del ciclo de comercialización de los desarrollos inmobiliarios actuales (cerca de 35 meses en proyectos de altura) y dada la baja cantidad de oferta terminada, cercanas al 10%, permitirá a las empresas contar con tiempo suficiente para enfrentar periodos de desaceleración de la demanda de hasta 3 o 6 meses.

Por su parte, Javier Hurtado, gerente de Estudios de la entidad gremial explica que se deberá estudiar si la crisis por el Covid-19 impactará en el precio de la vivienda. “No debería subir, pues si cae la demanda el efecto sería el contrario”.

Estimó que en el caso de las viviendas nuevas al existir una menor demanda obligaría a las empresas a realizar ofertas y así a disminuir el tiempo de venta de los inmuebles.

Hurtado pronostica un desaliento de nuevas inversiones en el sector, debido al tema de la venta de viviendas y lo extenso de sus tiempos de venta, que ya se estimaban en un 40% a la baja.  

EFECTOS PRÁCTICOS

Las consecuencias del coronavirus tendrán impactos en toda la cadena de producción del sector. Los expertos señalan que uno de los efectos prácticos será la paralización de obras, en algún momento. Esto ya que el trabajo en faena no es intercambiable por teletrabajo.

El alza del dólar presionará en el valor de los insumos, a veces importados, que necesitan las constructoras para su actividad.

Peligra además el ingreso de nuevos proyectos, que podría desacelerarse no sólo por la crisis del Covid-19, sino también, por la incertidumbre de la discusión constitucional futura.

Estudio a proyectos DS 116 y DS 19: ¿Cuál es el impacto real de los programas de integración social?

Estudio a proyectos DS 116 y DS 19: ¿Cuál es el impacto real de los programas de integración social?

El análisis, desarrollado a dos iniciativas de empresas socias de la CChC Concepción, arrojó que los habitantes sienten que han mejorado su calidad de vida, que los proyectos integrados son una oportunidad para grupos más vulnerables y que en la relación entre vecinos no existe un trato discriminatorio. 

Conocer si la integración social es uno de los logros reales de la política habitacional que se promueve en el país, fue el objetivo del estudio “Diagnóstico del proceso de integración social en comunidades de proyectos DS 116 y DS 19”, impulsado por el Comité de Vivienda de la CChC Concepción.

El análisis realizado durante el año pasado a dos proyectos (uno en extensión y otro en altura) permitió además conocer la percepción de bienestar y calidad de vida de sus habitantes, así como también, examinar las subjetividades en torno al proceso de integración social.

Las dos iniciativas estudiadas corresponden al proyecto Aires de Chiguayante de inmobiliaria Socovesa (DS 19) y Escuadrón Oriente de Coronel (DS 116), de constructora Pocuro. Se analizaron a más de 2 mil familias.

Miladi Garfe, presidenta del Comité de Vivienda, comenta el espíritu de este trabajo. “Sabíamos que estos programas eran exitosos comercialmente, pero era esencial conocer si cumplían con el objetivo para el cual fueron creados que es mejorar la calidad de vida de esas comunidades”.

A su juicio las conclusiones del estudio sorprendieron positivamente. Entre los principales resultados un 71% de los consultados afirma que gracias a estos proyectos mejoró su calidad de vida, un 86% dice tener una excelente relación con los vecinos y un 70% señala no sentir discriminación.

En cuanto al entorno e infraestructura disponible, un 81% de los encuestados expresa que sí ocupan los espacios públicos diseñados en el proyecto. Además, un 86% se siente seguro donde vive y un 91% sostiene que su entorno es seguro tanto para él como para su familia.

Garfe expresa que crear este tipo de barrios integrados y consolidarlos es tarea no solo de quien ejecuta las obras, sino que en su planificación deben involucrarse entes públicos como ministerios y municipalidades. “Hoy nos damos cuenta con este estudio que este tipo de comunidades funcionan perfectamente, entonces aportemos todos para que sean excelentes barrios”, destaca.

Ello porque entre las externalidades constatadas en el diagnóstico, los vecinos entrevistados mencionaron la problemática de los perros vagos, la carencia de transporte público en su barrio y la necesidad de contar con un punto limpio de reciclaje.

En este sentido, la dirigenta del gremio constructor afirma que una buena coordinación entre los organismos estatales y los municipios son claves para entregar una solución a las dificultades que indican los habitantes.

Agrega que se debe recalcar que estas situaciones más desfavorables se relacionan con dificultades que tienen comunidades de cualquier proyecto residencial, pero que no son propias o no se asocian específicamente a proyectos de integración social.

Las conclusiones del estudio sorprendieron positivamente: un 71% de los consultados afirma que gracias a estos proyectos mejoró su calidad de vida, un 86% dice tener una excelente relación con los vecinos y un 70% señala no sentir discriminación.

¿QUÉ MEJORAR DE LOS PROYECTOS?

Este primer diagnóstico entregó una serie de pautas para las empresas constructoras que trabajan con estos programas de Gobierno. En primer lugar, les ayudó a determinar el impacto de estos proyectos en las familias, tanto vulnerables como de clase media y visualizó el éxito de la mixtura social en un territorio.

Valeska Reyes, subgerenta de ventas zonal sur de Socovesa, y cuyo proyecto Aires de Chiguayante participó en el estudio, subraya que el resultado fue más positivo que lo que esperaban. “Pensábamos que el propósito del programa que es la integración era buena, pero con el análisis confirmamos que se asegura una sana convivencia social”.

En el caso de este proyecto DS 19 que incluyó a 45 familias vulnerables y 137 de clase media, en 160 departamentos, Reyes señala que hasta el momento de realizar el estudio los grupos familiares no percibían la diversidad de familias que habitaban el proyecto.

Añade que otros de los aspectos que reveló el estudio es que los grupos vulnerables están logrando un cambio en la forma de habitar el espacio propio. Destaca que los consultados señalaron cuidar las áreas comunes del proyecto.

Además, el análisis advirtió la importancia de los espacios públicos en el desarrollo de este tipo de iniciativas. “El espacio público tiene un rol relevante en estos proyectos. Los niños juegan todos juntos y nadie se da cuenta de quién es quién. Una plazoleta une a las familias y además se sienten seguros en su comunidad”, precisa Reyes.

Explica que las áreas comunes y las de multiuso tienen que ser muy bien desarrolladas, pues son espacios tremendamente valorados por quienes habitan esos proyectos.

Reyes precisa que estos antecedentes los están capitalizando para futuros desarrollos, de tal manera que se puedan mejorar o postular con paisajismos más desarrollados, con juegos mejor pensados y salas multiuso, por ejemplo.

MIXTURA SOCIAL EN UN BARRIO

Por su parte, Jorge Guardia, gerente regional de constructora Pocuro, explica que gracias al análisis realizado a su proyecto DS 116 Escuadrón Oriente en Coronel consolidaron la visión de que este programa es un buen producto y modelo de vivienda social público-privada.

Los programas de Integración Social y Territorial pretenden que empresas construyan, asegurando la incorporación de familias vulnerables y de clase media en el mismo sector, asegurando la convivencia de ambas.

Guardia señala que “se cumplió con el objetivo central de los decretos que es integrar en un barrio a sectores medios y vulnerables y que ha funcionado como tal”. Destaca la participación de las familias para organizarse por objetivos comunes, como la seguridad, sin mediar diferencias sociales.

En aspectos más específicos, precisó que los habitantes valoran contar con una sede social, construcción que debe ser incorporada a estos proyectos, puesto que para un loteo en extensión es más complejo materializarla. Lo ideal, mencionó, es que se busque una fórmula como el comodato a través del municipio.

El ejecutivo expresa que un tema sensible es el pago de gastos comunes para familias vulnerables. Acota que se deben estudiar alternativas para gestionar una ayuda por medio del arriendo de locales comerciales o venta.

RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN

Miladi Garfe indica que gracias a la información arrojada por el diagnóstico, se realizaron ciertas recomendaciones para el proceso de integración.

Entre ellas, establecer que los proyectos habitacionales deben incluir una sede social o espacio multiuso cerrado para posibilitar el encuentro y organización de sus residentes.

Que exista apoyo en la capacitación laboral para familias residentes, pues el trabajo podría convertirse en un factor de discriminación entre los vecinos. Se sugiere fortalecer redes con municipios.

Ejecutar un plan de integración social previo a la entrega de la vivienda para potenciar la participación de la futura comunidad y fortalecer el proceso en conjunto con otros entes del Estado.

El análisis, según la presidenta del Comité de Vivienda, detectó además que debe existir una mejora en los canales de comunicación a la hora de entregar información sobre el espíritu de los programas, tanto en la etapa de venta como en la de aplicación del plan de integración social.

“Diálogos Abiertos CChC”: ¿Cómo influye el PDA y el proceso constituyente en el mundo de la empresa?

“Diálogos Abiertos CChC”: ¿Cómo influye el PDA y el proceso constituyente en el mundo de la empresa?

Tanto el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) y el plebiscito constitucional son procesos que agregan elementos de cambio en la industria de la construcción. Mientras el primero establece nuevas exigencias para algunos proyectos; el otro genera cierta incertidumbre en el orden económico. Aquí, los alcances para el sector.

El martes 17 de diciembre de 2019 entró en vigencia el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) para el Gran Concepción; medida que rige para las comunas de Concepción, Hualpén, Talcahuano, Hualqui, Penco, Tomé, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota.

El propósito de la estrategia ambiental es disminuir en un 40% las emisiones de MP 2,5 particulado fino, en un periodo de 10 años.

En tanto, la fecha del plebiscito constitucional fijada para el 26 de abril aumenta las expectativas por conocer las consecuencias que esta discusión generará en la economía nacional.

Ambos temas de relevancia fueron abordados en los “Diálogos Abiertos”, instancias que organizó la CChC Concepción con el fin de informar a los socios. En las jornadas expertos en esas temáticas se refirieron al impacto en el sector construcción y empresarial, así como también, entregaron información sobre el contexto de los procesos.

DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Luego de cuatro años de tramitación, el PDA entró a regir para 10 comunas de la provincia de Concepción, con medidas que apuntan a reducir los niveles de contaminación

El ingeniero civil y experto en medio ambiente, Pablo Zenteno, dio a conocer los efectos del programa en el rubro. Indicó que desde el punto de vista ambiental, los aspectos que más impactarán a los desarrollos inmobiliarios son el requerimiento de compensaciones por emisiones contaminantes y la mayor regulación térmica exigida para las viviendas.

Sin embargo, aclaró que no existe modificación para los proyectos inmobiliarios que deben ingresar al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA). El plan considera que aquellos proyectos que ingresan a ese sistema y que superan el umbral de emisiones contaminantes, estipuladas en dicho programa, están obligados a compensar esas emisiones.

Según Zenteno las principales medidas que propone el PDA son:

-Para los proyectos que deban concretar un plan de compensaciones de emisiones, éstas podrán materializarse a través del recambio de calefactores, arborización o iniciativas de pavimentación. Las compensaciones deberán ser aprobadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

-En cuanto al recambio de calefactores se podrán realizar a otros usuarios, no así a proyectos inmobiliarios nuevos. Es decir, en la práctica, cada desarrollador deberá proponer el cambio a quienes tengan estufas y estén dispuestos a realizarlo.

Zenteno agrega que dada la experiencia en Chillán, que cuenta con un plan anticontaminación desde 2016, en una etapa inicial, los recambios de calefactores se materializaron a instituciones y luego a viviendas. Se espera que en el Gran Concepción ocurra algo similar.

Gradualidad del plan: El documento define como vivienda nueva a los proyectos cuya solicitud de su permiso de edificación o de anteproyecto sea ingresada después de 12 meses de la entrada en vigencia del plan.

En este contexto se entiende como viviendas existentes las que tengan permisos de edificación antes de la fecha de la entrada en vigencia del decreto.

Existen diversas medidas según la calificación de inmuebles. Para las existentes se propician subsidios estatales para el recambio de calefactores. Sin embargo, el plan de compensación es exigible para todos los tipos de viviendas.

Promoción de áreas verdes: una de las tareas que propone el PDA es el aumento del índice de áreas verdes, estrategia que será coordinada por el Minvu. Este punto influye en el desarrollo de futuros proyectos inmobiliarios, pero existe incertidumbre respecto de cómo se materializará la acción.

Similar es lo que ocurre con las ciclovías. El plan propone generar una red de 50 kilómetros de ciclovías, aunque no establece quien financiará la idea, ni cómo se llevará a cabo. Lo anterior, hace suponer que podría exigirse esta medida a los proyectos inmobiliarios, en algún porcentaje o que se implementen a través de los planes reguladores.

Otra de las aristas importantes del PDA y que genera cambios para la industria son las exigencias sobre eficiencia térmica. Lo anterior, según expuso la arquitecta Manon Pommiez, influirá directamente en el diseño de los proyectos.

La estrategia ambiental propone nuevos estándares para evitar el riesgo de condensación, infiltraciones de aire y contar con un sistema de ventilación que asegure la calidad del aire al interior de la vivienda.       

Se agregan informes de eficiencia térmica que deberán realizar los desarrolladores para sus proyectos. De esta forma, las empresas necesitarán de profesionales capacitados o contratar asesorías para esta finalidad; así como también, proveedores que vayan a la par con los nuevos requerimientos. Con todo, se estima que se elevará el costo de producción de los proyectos.

El PDA considera que aquellos proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que superan el umbral de emisiones contaminantes están obligados a compensar esas emisiones.

PROCESO CONSTITUYENTE

El abogado e integrante del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), Eduardo Andrades, fue quien delineó los aspectos del debate constitucional que se dará en Chile a partir de abril.

Luego de hacer un repaso por las constituciones que ha tenido el país, el jurista calificó como las más determinantes en el acontecer ciudadano la Carta Magna de 1833, la de 1925 y la de 1980.

Aclaró que un documento de este tipo fija las reglas generales de una nación y no asuntos particulares de orden cotidiano, en referencia a lo que parte de la ciudadanía ha pedido en las manifestaciones desde el 18 de octubre.

Andrades estima como piezas claves del proceso constituyente:

Mecanismo con plazos claros. Situaciones de indefinición generan dudas y los entes productivos necesitan certezas.

“Hoja en blanco”. Según el abogado no se puede partir de cero para generar un cambio constitucional. En la tradición constitucional de Chile, no hay ninguna constitución que parta de cero.

Constitución no legítima. Existe, según Andrades, el peligro de este argumento si la nueva carta no es respaldada por la clase política democrática del país.

– Finalmente el proceso constituyente, que se inicia con el plebiscito, puede propender a:

Si gana el cambio al documento, existe el peligro de que no haya acuerdo en una idea de constitución. Con esto, en el plebiscito ratificatorio puede no ser confirmada la propuesta y por lo tanto, continuaría la actual constitución.

Una constitución fija las reglas generales de una nación y no asuntos particulares de orden cotidiano, en referencia a lo que parte de la ciudadanía ha pedido en las manifestaciones desde el 18 de octubre. 

Proveedores refuerzan apoyo a la cadena productiva del sector

Proveedores refuerzan apoyo a la cadena productiva del sector

Una serie de empresas proveedoras de la construcción están siendo ejemplo de solidaridad organizacional en tiempos de crisis. La CChC local llamó a tener una actitud positiva y a continuar, en la medida de lo posible, con una actividad que permita volver a los niveles normales.   

Se viven tiempos complejos y de incertidumbre. Con esta premisa en mente, varias empresas del país y otras a nivel local están implementando medidas que aporten en continuar con la cadena productiva del sector.

Como señala Felipe Schlack, presidente de la CChC Concepción, el foco principal de las empresas socias ha sido mantener la cadena productiva, pese a las complejidades existentes. En este sentido, lo que más preocupa es conservar el desarrollo de las obras, ya que implican coordinar una serie de recursos.

“En épocas difíciles, lo primordial es tener cautela, pero sobre todo abogar porque la cadena productiva se mantenga lo más normal posible”, expresa.

Por ello, recalca el dirigente, la tarea es apoyar y escuchar a los socios para que puedan desarrollar su actividad en las más óptimas condiciones (ver recuadro).

Schlack señaló también que es comprensible que en un escenario de agitación social algunas decisiones empresariales se tomen una pausa.

En este contexto, dentro de las ayudas que han adoptado algunas empresas en favor de sus clientes son la flexibilización en materia de pagos y el reforzamiento en servicios y atención.    

En Sodimac, por ejemplo, están conscientes de los efectos de la convulsión social en el sector: productividad más lenta e incerteza. Por ello, hoy evalúan las opciones de los planes de pago para algunos de sus clientes.

Gonzalo Aguilera, gerente distrito sur, dice que para los clientes, ya sean pymes o constructoras, están evaluando todas las alternativas de planes de pago o de la línea de crédito. “Tratamos de entregarles facilidades. Estamos evaluando los casos, por la contingencia que se vive en estos días”.

Una estrategia similar implementan en Construmart, empresa dedicada a proveer de materiales de construcción. Actualmente, se han abierto a negociar los formatos de pago con sus clientes.

Néstor Quiroz, gerente de ventas a empresas, señala que “con algunas constructoras hemos sido flexibles extendiendo, incluso, el vencimiento en casos de pago y en otras circunstancias hemos aceptado sentarnos a conversar diferentes formatos”.

Asimismo, sostiene que han flexibilizado la logística con el fin de no afectar a las empresas que sufren los desórdenes tras el estallido social. “Significa que si un cliente no puede recibir los productos, no le enviamos nada por seguridad, independiente de que haya un compromiso de entrega”, detalla Quiroz.

En definitiva, expresa que no se está forzando ese punto de entrega, porque “estamos conscientes de que pueden ocurrir dificultades en el transporte de carga o exponerlos a alguna situación de dificultad”.

Recalca que pese a los actos de desorden, en diferentes comunas están realizando los mayores esfuerzos para poder abrir todos sus locales en el país.

Construmart atiende en la zona comprendida por Concepción, Chillán y Los Ángeles a más de 150 constructoras como clientes.

El foco principal de las empresas socias ha sido mantener la cadena productiva, pese a las complejidades existentes y mantener el desarrollo de las obras.

Pese a los actos de desorden, varias empresas proveedoras realizan esfuerzos para mantener abiertos todos sus locales en el país.

POTENCIAR EL SERVICIO

En el ámbito de las empresas regionales, MCT distribuidora de materiales de construcción ha potenciado el servicio que ofrece a sus clientes, dice Edison Medina, agente de la sucursal Concepción, local que atiende a toda la provincia.

“Reforzamos nuestra posición  hacia nuestros clientes. Tratando de facilitarles el servicio, como estar oportunamente en la obra con materiales y atenderles en forma preferencial cuando lo requieran”, comenta Medina.

Si bien, señala, que el ítem de créditos es manejado por terceros como compañías de seguros y bancos; ellos han querido reforzar el servicio de atención en esta época de crisis.

Hoy están orientados a sus principales clientes que son constructoras y contratistas. La gran diferencia es que en la actualidad estas empresas solicitan mantener el stock en la bodega de la distribuidora y no despacharlo todo.

“Este es el aporte que estamos haciendo, para que las constructoras puedan disponer y venir a retirar sus productos cuando lo necesiten o nosotros despachárselo para que no tengan inconvenientes. Generalmente, lo hacen de acuerdo a su avance en la obra”, especifica el ejecutivo.

Así como también, indica que en el tema de servicios han doblegado esfuerzos para atender bien y mejor, pues señala que la mayor afluencia de público se realiza en las mañanas. “En este periodo del día es cuando hacemos nuestros mayores esfuerzos con el tema de atención a clientes”, resalta.

LA REFLEXIÓN SECTORIAL

Desde que surgió la crisis social, la CChC Concepción ha impulsado desde el día uno diversas jornadas de reflexión para analizar con sus socios los desafíos que conlleva el estallido social.

A la semana del movimiento, se desarrolló un conversatorio entre socios junto a la Mesa Directiva y se ha propiciado que al interior de las empresas se dialogue sobre la crisis actual.

Así como también, este periodo ha sido una oportunidad para potenciar la agenda social que ha tenido el gremio y han cobrado relevancia instancias de conversación entre empresas y sus trabajadores.

La idea es generar apoyo a sus colaboradores para afrontar la contingencia, pero también analizar temas de fondo de la sociedad.

La visión dispar de los cambios al DS19, el exitoso Programa de Integración Social

La visión dispar de los cambios al DS19, el exitoso Programa de Integración Social

Una minuta con comentarios a las modificaciones que el Minvu realizó a uno de los subsidios “estrella” del Gobierno elaboró la CChC Concepción. Entre las observaciones, discutidas en la Renav 2019 y que serían presentadas al ministro de la cartera, está el privilegiar una mirada centralista para la operatividad del programa.  

Un trabajo contra el tiempo realizó la CChC Concepción, a través de su Comité de Vivienda, para pronunciarse respecto de los recientes cambios que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó al Programa de Integración Social y Territorial, más conocido como DS19.

Esto porque si bien en la sede regional se mantiene una fluida relación con el Serviu, en términos de alianza público-privada, con dos mesas de trabajo que funcionan hace más de un año, extrañó que en los cambios del nivel central no hubiera mayor participación del gremio.

Miladi Garfe, presidenta del Comité de Vivienda local, expresó que pese a eso, los socios trabajaron en un diagnóstico del significado práctico de las modificaciones a este decreto, el que ha logrado posicionarse como un buen programa habitacional y donde la región del Biobío es segunda a nivel nacional con mayor cantidad de proyectos.    

“Se acordó hacer una pauta que considerara las opiniones de constructoras que trabajan con este decreto y cuáles son los impactos que se prevén. La minuta fue enviada al director regional del Serviu, al jefe de la DPH y, por medio del Comité de Vivienda nacional y su mesa de trabajo, al Minvu”, especifica Garfe.

La dirigenta cree que una de las modificaciones más restrictivas es que en este nuevo escenario las comunas con menos habitantes, contarán con menor cantidad de subsidios y, por ende, con menos recursos. “Las comunas que tienen menos habitantes en la región son las que tienen mayor necesidad de estos subsidios. Entonces, el mensaje que se les da es que tienen que trasladarse a otras urbes para acceder a este programa” dice Miladi Garfe.

Respecto del desarrollo de proyectos, la presidenta de Vivienda señala que, por una parte, se está promoviendo la ejecución de iniciativas de integración en zonas céntricas de la ciudad; sin embargo, no se entregan más recursos para su construcción, teniendo en cuenta que el suelo en Concepción es uno de los más caros del país.

El gremio elaboró un diagnóstico práctico de las modificaciones al DS19, el cual ha logrado posicionarse como un buen programa habitacional y donde la región del Biobío es segunda del país con mayor cantidad de proyectos.

El ahorro mínimo para la compra de vivienda se incrementó de UF 40 y UF 80 a UF 70 a UF 120 por cada tramo. Esto aleja la posibilidad de acceso a viviendas para sectores medios.

PROGRAMA “VIRTUOSO”

Álvaro Greene, integrante de la Mesa de Trabajo CChC-Serviu, agrega que esperan que en las futuras modificaciones el gremio tenga un papel relevante. “Creemos que es un programa excelente, porque ha generado que, a través de la competencia de las inmobiliarias, se mejore el estándar de las viviendas. Se produjo un fenómeno virtuoso donde todas las empresas involucradas compiten por hacer el mejor producto posible al mejor precio”, comenta

Además, continúa, es un ejemplo para potenciar la alianza público-privada: “En este caso, el Serviu administra y supervisa desde lejos y todo lo relacionado con venta y post venta está a cargo de privados, por lo que ambos mundos funcionan de manera coordinada”, destaca el ejecutivo.

No obstante, Greene precisa que las adecuaciones privilegian lo específico por sobre lo general y que ha estado operando en forma positiva. Además, alude a la carencia de una visión regional en dichas modificaciones. 

Señala que se permitirá un llamado especial para incorporar a familias vulnerables que falten por captar, luego de 18 meses de iniciada la obra. Lo anterior debería anticiparse, pues cada proyecto debe incluir un número de familias vulnerables, antes de la recepción municipal, para asegurar el bono de integración y una obra se demora en promedio 12 meses. 

“Lo que va a ocurrir es que puedo tener mi proyecto terminado y se deberá posponer la tramitación de la recepción esperando que pasen esos 18 meses para integrar a familias vulnerables que falten en el proyecto. Entonces, tendré que hacer esperar a las demás personas o demorar el proyecto para completar los grupos vulnerables”, precisa Greene.

El profesional agrega que los cambios se efectuaron teniendo en cuenta más la realidad de la capital que la del resto del país. Dice, por ejemplo, que en comunas con menos de 40 mil habitantes solo pueden presentar hasta 120 viviendas. Esto dificulta la viabilidad financiera de los proyectos de integración en comunas de este tipo.

Otro de los cambios tiene que ver con los requisitos para un terreno, el cual tendrá mayores exigencias. En este aspecto se disminuyen las distancias de equipamiento de 500 a 400 metros para un paradero de locomoción colectiva y de 2.500 a 2.000 metros la ubicación de un equipamiento comercial, deportivo o cultural.

Greene afirma que es lógico que se quiera mejorar la ubicación a servicios de los proyectos, pero las zonas de expansión de comunas podrían verse perjudicadas. Asimismo, varias inmobiliarias que hoy cuentan con terrenos y que han desarrollado proyectos de este programa, sin éxito en postulaciones anteriores, quedan fuera con las nuevas exigencias para un próximo llamado.

MAYOR AHORRO

Otra modificación se relaciona con la incorporación de viviendas sobre UF 2.200. Para Greene es positivo, sin embargo, añade que no podrán acceder a subsidios y esto llama la atención pues la realidad del país es diferente.

“El segmento que está sobre las UF 2.200 está lejos de ser adinerado. Es lamentable que el techo sean las UF 2.200. Lo ideal sería aumentar ese número para incorporar una clase media real y que no califica para el subsidio”, expresa.

En cuanto al ahorro mínimo se incrementó de UF 40 y UF 80 a UF 70 a UF 120 por tramo de vivienda. Para el ejecutivo los clientes han tenido dificultad para ahorrar, lo que aleja la posibilidad de acceso a viviendas para sectores medios. Esto se agrava, ya que junto al ahorro deben calificar para un crédito hipotecario.

En esta misma línea, se restringe el subsidio de captación hasta UF 150 y no se consideró que en regiones la disponibilidad de subsidios es gravitante. “Es menor la cantidad de subsidios, por eso la captación de éstos es un tema complejo”, agrega

En cuanto al núcleo familiar son considerados como integrantes de éste, el cónyuge del postulante, el conviviente y los hijos. Dejando fuera, según estiman en el gremio, la realidad de familias unipersonales o con integrantes de tercera edad. Lo anterior, dificulta el acceso a viviendas entre UF 1.200 y UF 1.400

Uno de los aspectos positivos de los cambios al DS19 es la incorporación de más viviendas para discapacitados en los proyectos, teniendo en cuenta que según registros oficiales cerca de un 1% de la población presenta algún grado de discapacidad.