Estudio a proyectos DS 116 y DS 19: ¿Cuál es el impacto real de los programas de integración social?

Mar 17, 2020 | A fondo

El análisis, desarrollado a dos iniciativas de empresas socias de la CChC Concepción, arrojó que los habitantes sienten que han mejorado su calidad de vida, que los proyectos integrados son una oportunidad para grupos más vulnerables y que en la relación entre vecinos no existe un trato discriminatorio. 

Conocer si la integración social es uno de los logros reales de la política habitacional que se promueve en el país, fue el objetivo del estudio “Diagnóstico del proceso de integración social en comunidades de proyectos DS 116 y DS 19”, impulsado por el Comité de Vivienda de la CChC Concepción.

El análisis realizado durante el año pasado a dos proyectos (uno en extensión y otro en altura) permitió además conocer la percepción de bienestar y calidad de vida de sus habitantes, así como también, examinar las subjetividades en torno al proceso de integración social.

Las dos iniciativas estudiadas corresponden al proyecto Aires de Chiguayante de inmobiliaria Socovesa (DS 19) y Escuadrón Oriente de Coronel (DS 116), de constructora Pocuro. Se analizaron a más de 2 mil familias.

Miladi Garfe, presidenta del Comité de Vivienda, comenta el espíritu de este trabajo. “Sabíamos que estos programas eran exitosos comercialmente, pero era esencial conocer si cumplían con el objetivo para el cual fueron creados que es mejorar la calidad de vida de esas comunidades”.

A su juicio las conclusiones del estudio sorprendieron positivamente. Entre los principales resultados un 71% de los consultados afirma que gracias a estos proyectos mejoró su calidad de vida, un 86% dice tener una excelente relación con los vecinos y un 70% señala no sentir discriminación.

En cuanto al entorno e infraestructura disponible, un 81% de los encuestados expresa que sí ocupan los espacios públicos diseñados en el proyecto. Además, un 86% se siente seguro donde vive y un 91% sostiene que su entorno es seguro tanto para él como para su familia.

Garfe expresa que crear este tipo de barrios integrados y consolidarlos es tarea no solo de quien ejecuta las obras, sino que en su planificación deben involucrarse entes públicos como ministerios y municipalidades. “Hoy nos damos cuenta con este estudio que este tipo de comunidades funcionan perfectamente, entonces aportemos todos para que sean excelentes barrios”, destaca.

Ello porque entre las externalidades constatadas en el diagnóstico, los vecinos entrevistados mencionaron la problemática de los perros vagos, la carencia de transporte público en su barrio y la necesidad de contar con un punto limpio de reciclaje.

En este sentido, la dirigenta del gremio constructor afirma que una buena coordinación entre los organismos estatales y los municipios son claves para entregar una solución a las dificultades que indican los habitantes.

Agrega que se debe recalcar que estas situaciones más desfavorables se relacionan con dificultades que tienen comunidades de cualquier proyecto residencial, pero que no son propias o no se asocian específicamente a proyectos de integración social.

Las conclusiones del estudio sorprendieron positivamente: un 71% de los consultados afirma que gracias a estos proyectos mejoró su calidad de vida, un 86% dice tener una excelente relación con los vecinos y un 70% señala no sentir discriminación.

¿QUÉ MEJORAR DE LOS PROYECTOS?

Este primer diagnóstico entregó una serie de pautas para las empresas constructoras que trabajan con estos programas de Gobierno. En primer lugar, les ayudó a determinar el impacto de estos proyectos en las familias, tanto vulnerables como de clase media y visualizó el éxito de la mixtura social en un territorio.

Valeska Reyes, subgerenta de ventas zonal sur de Socovesa, y cuyo proyecto Aires de Chiguayante participó en el estudio, subraya que el resultado fue más positivo que lo que esperaban. “Pensábamos que el propósito del programa que es la integración era buena, pero con el análisis confirmamos que se asegura una sana convivencia social”.

En el caso de este proyecto DS 19 que incluyó a 45 familias vulnerables y 137 de clase media, en 160 departamentos, Reyes señala que hasta el momento de realizar el estudio los grupos familiares no percibían la diversidad de familias que habitaban el proyecto.

Añade que otros de los aspectos que reveló el estudio es que los grupos vulnerables están logrando un cambio en la forma de habitar el espacio propio. Destaca que los consultados señalaron cuidar las áreas comunes del proyecto.

Además, el análisis advirtió la importancia de los espacios públicos en el desarrollo de este tipo de iniciativas. “El espacio público tiene un rol relevante en estos proyectos. Los niños juegan todos juntos y nadie se da cuenta de quién es quién. Una plazoleta une a las familias y además se sienten seguros en su comunidad”, precisa Reyes.

Explica que las áreas comunes y las de multiuso tienen que ser muy bien desarrolladas, pues son espacios tremendamente valorados por quienes habitan esos proyectos.

Reyes precisa que estos antecedentes los están capitalizando para futuros desarrollos, de tal manera que se puedan mejorar o postular con paisajismos más desarrollados, con juegos mejor pensados y salas multiuso, por ejemplo.

MIXTURA SOCIAL EN UN BARRIO

Por su parte, Jorge Guardia, gerente regional de constructora Pocuro, explica que gracias al análisis realizado a su proyecto DS 116 Escuadrón Oriente en Coronel consolidaron la visión de que este programa es un buen producto y modelo de vivienda social público-privada.

Los programas de Integración Social y Territorial pretenden que empresas construyan, asegurando la incorporación de familias vulnerables y de clase media en el mismo sector, asegurando la convivencia de ambas.

Guardia señala que “se cumplió con el objetivo central de los decretos que es integrar en un barrio a sectores medios y vulnerables y que ha funcionado como tal”. Destaca la participación de las familias para organizarse por objetivos comunes, como la seguridad, sin mediar diferencias sociales.

En aspectos más específicos, precisó que los habitantes valoran contar con una sede social, construcción que debe ser incorporada a estos proyectos, puesto que para un loteo en extensión es más complejo materializarla. Lo ideal, mencionó, es que se busque una fórmula como el comodato a través del municipio.

El ejecutivo expresa que un tema sensible es el pago de gastos comunes para familias vulnerables. Acota que se deben estudiar alternativas para gestionar una ayuda por medio del arriendo de locales comerciales o venta.

RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN

Miladi Garfe indica que gracias a la información arrojada por el diagnóstico, se realizaron ciertas recomendaciones para el proceso de integración.

Entre ellas, establecer que los proyectos habitacionales deben incluir una sede social o espacio multiuso cerrado para posibilitar el encuentro y organización de sus residentes.

Que exista apoyo en la capacitación laboral para familias residentes, pues el trabajo podría convertirse en un factor de discriminación entre los vecinos. Se sugiere fortalecer redes con municipios.

Ejecutar un plan de integración social previo a la entrega de la vivienda para potenciar la participación de la futura comunidad y fortalecer el proceso en conjunto con otros entes del Estado.

El análisis, según la presidenta del Comité de Vivienda, detectó además que debe existir una mejora en los canales de comunicación a la hora de entregar información sobre el espíritu de los programas, tanto en la etapa de venta como en la de aplicación del plan de integración social.