En un encuentro a solas, en medio de su visita a la región del Biobío, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve dialogó con la Mesa Directiva de la CChC Concepción sobre distintos aspectos de la reconstrucción de los territorios afectados por los incendios forestales.

En la ocasión, y junto a la delegada presidencial, Daniela Dresdner, admitió que “no estamos avanzando al ritmo que quisiéramos” en materia de instalación de soluciones de emergencia.

Por ello, dijo Monsalve, la idea es coordinar esta tarea con la CChC Concepción. Así, la entidad entregará un listado de empresas subcontratistas para proporcionar mano de obra calificada con la finalidad de agilizar el armado de viviendas.

Al ser consultado por las dificultades en el proceso, Bernardo Suazo, presidente de la CChC local, indicó que uno de los “nudos críticos” para la pronta recuperación ha sido la habilitación de terrenos en los que se pretenden levantar las casas.

“La demora para la instalación de viviendas es producto de que los lugares no están listos, es decir despejados y habilitados, para luego comenzar con la reconstrucción. Además, lo que hemos visto en terreno es que faltan “manos” para esta labor”, señaló Suazo.

El dirigente explicó que “muchas veces llegan las viviendas, pero no es posible instalarlas porque no existe un terreno totalmente habilitado para ello”. Expresó que como directiva han sido testigos presenciales de esas acciones, al recorrer la localidad de San Jorge en la comuna de Santa Juana, donde el gremio ha puesto sus mayores esfuerzos.

A raíz de lo anterior, se acordó elaborar un catastro de los terrenos y su ubicación para comenzar con la planificación de las zonas damnificadas. En este caso, la CChC ya se encuentra ejecutando un diagnóstico de este tipo para Santa Juana, el que se hará llegar a la Delegación Presidencial para apoyar el tema.

En la reunión, el subsecretario Monsalve dio a conocer un plan de contratación de mano de obra calificada para dar celeridad a la instalación de viviendas en zonas siniestradas. Expresó que la demanda llega a 100 personas, según cifras que maneja el Gobierno.

Para esta iniciativa se realizó una inyección de 1.000 millones de pesos a la Delegación Presidencial del Biobío, anuncio que Monsalve realizó previo al encuentro con el gremio.

De esta forma, los trabajadores serán contratados a través de la Delegación Presidencial y se organizarán en cuadrillas mixtas para ponerse a disposición de las empresas encargadas de instalar las casas de emergencia.

Por otra parte, Monsalve indicó que se reunirá con la encargada de la reconstrucción, Paulina Saball, para analizar qué nuevos instrumentos de planificación o habitacionales pueden ayudar a la recuperación. “Es necesario conocer qué herramientas hay o cuáles se adaptan a la realidad de la emergencia y a los tiempos que las personas esperan”, señaló.

Se acordó una próxima reunión con la CChC local para definir nuevas acciones que articular para una eficiente reconstrucción.

Un plan elaborado en conjunto entre autoridades locales y el sector privado para la reconstrucción de Santa Juana propuso el presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña a la alcaldesa de esa comuna, Ana Albornoz. El líder gremial visitó la localidad junto al presidente de la CChC Concepción, Bernardo Suazo y a dirigentes de la entidad local.

Allí se reunieron con la edil y su equipo de trabajo para brindar apoyo técnico y de gestión con el fin de llevar adelante la pronta recuperación de la comuna, una de las más golpeadas por los incendios forestales de febrero pasado.

Según la jefa comunal el 75% de la comuna fue afectada por los siniestros y actualmente uno de los problemas más urgentes es la dotación de agua. “Estamos repartiendo 170.000 litros diarios a nuestros habitantes”, subrayó Albornoz.

Añadió que “se afectaron más de 800 viviendas privadas y 1.000 bodegas. Se perdieron 2.000 animales mayores y toda la infraestructura agrícola y de agua en el territorio comunal. Entonces, el desafío es mayor para poder sustentar las necesidades básicas de los habitantes y no precarizar aún más a los vecinos. Todo esto antes que llegue el invierno”, recalcó.  

Ante este panorama, el presidente del gremio constructor indicó que “en primer lugar es necesario una georreferenciación y catastro de daños para elaborar un plan de acción que permita una reconstrucción eficiente”.

Agregó que luego se deberá cuantificar la recuperación para que el Estado contribuya en el proceso. El líder gremial admitió además que se necesita mejorar la coordinación entre entes estatales para levantar ésta y otras comunas que concentraron los siniestros, entre el Maule y La Araucanía.

Dijo que en un mediano plazo se buscará construir viviendas dignas para quienes lo perdieron todo. Vicuña especificó que una de las preocupaciones en este sentido es que “las viviendas de emergencia no se perpetúen en el tiempo y se conviertan en definitivas”.

Posteriormente, dirigentes visitaron la localidad rural de San Jorge, en esa misma comuna, donde conversaron con familias damnificadas. En el sector, resaltó el presidente de la CChC Concepción, Bernardo Suazo, se realizan acciones en ayuda de esos pobladores.

Indicó que distintas empresas socias ya han comenzado a trabajar en el lugar los fines de semana y de manera gratuita, con retroexcavadoras y otras maquinarias.

“Hemos estado presentes para apoyar a los habitantes de la zona que desean volver a su actividad productiva y, simultáneamente, hemos ido conociendo cuáles son sus principales necesidades y requerimientos tras esta catástrofe”, indicó Suazo.

La meta del gremio local será apoyar a esa localidad en las distintas fases para su recuperación. En primer término, se ayuda en la limpieza de terrenos y luego se pretende auxiliar tanto técnica, como operativamente, en la instalación de las viviendas de emergencias y definitivas.

El nuevo presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de la CChC Concepción, Juan Bozic Núñez, tiene un diagnóstico claro del alza de la accidentabilidad en el rubro durante el último año. La meta para Concepción era de 2,36%, sin embargo, ésta casi se duplicó en 2022.

“Las condiciones de estrés que generó la pandemia y el regreso presencial al trabajo incidieron en un aumento de accidentes en el sector”, dice Bozic.

Pese a este panorama, el dirigente tiene puestos todos sus esfuerzos en revertir esta situación y volver a los niveles que la industria mantenía en prepandemia.

¿A qué se debe esta alza?

Ha sido un tema a nivel país. Las tasas de accidentabilidad han subido bastante. Esto por efecto de lo que ocurrió con la pandemia y la vuelta presencial al trabajo. Las condiciones de estrés y la presencialidad laboral influyeron. Hubo un aumento importante en los accidentes de trayecto, hoy hay un mayor parque automotriz, hay mayor movilidad, menos restricciones y todo eso influyó en las cifras totales de accidentes.

¿Qué agenda han elaborado en la Comisión para bajar esta tasa de accidentes?

Entre otras acciones, queremos reforzar los cursos y las capacitaciones a las empresas en materia de prevención y continuar con el apoyo de la Mutual de Seguridad para prevenir los accidentes de mayor incidencia, como caídas en altura o atrapamiento.

¿Y para empresas con índices altos de accidentabilidad?

Nuestro propósito es acercarnos a las empresas socias que tengan mayor accidentabilidad y poder ofrecerles apoyo a través de la CChC y de la Mutual, con la finalidad de que puedan orientar sus equipos de prevención y así implementar medidas que tiendan a reducir los accidentes.

Bozic señala que la comunicación con las organizaciones apuntará a integrar a los gerentes y líderes de las empresas como pieza fundamental para instaurar una “cultura de la seguridad”. Afirma que “hay que incluir a los jefes y líderes para poder tener resultados reales. La seguridad requiere recursos y son ellos quienes pueden promover y destinar acciones para concientizar a los trabajadores. Su apoyo es importante para tener espacios seguros”.

Otro de los lineamientos será realizar una fuerte difusión de las metas de accidentabilidad para este año. La finalidad es que sean conocidas por la mayoría de las empresas socias.

El presidente de la Comisión SSO indica que uno de los hitos será fijar una meta en ese ámbito a los Comités Gremiales. “Esto es necesario para que, como entidad, estemos alineados en lograr el objetivo de bajar los accidentes”.  

Agrega que se replicarán iniciativas exitosas impulsadas por la Comisión como el “Círculo Colaborativo de Seguridad”, en el que se reúnen expertos en prevención de riesgos y las Visitas Colaborativas a empresas con buenas prácticas en esta materia.       

Trabajadores y colaboradores de la empresa regional Aitue recibieron el Sello Compromiso PRO que entrega la CChC. El proyecto certificado es el condominio Valle de Casablanca, ubicado en el sector San Andrés del Valle en Talcahuano y que considera 52 viviendas de carácter privado, en su etapa 9.

En plena faena, la vicepresidenta del gremio nacional, Jacqueline Gálvez, entregó el Sello que reconoce las buenas prácticas desarrolladas en ese proyecto en beneficio de los trabajadores, vecinos y medio ambiente, entre otras siete dimensiones que incluye el programa.

La dirigenta destacó que “el Sello se trata de un compromiso que se asume por mejorar las prácticas en distintos ámbitos con la ciudadanía, los trabajadores y el entorno. No es una tarea fácil obtener este reconocimiento, por eso felicito a todos los que trabajaron para lograr esta distinción”.

Agregó que el programa aporta a tener empresas más sostenibles en el tiempo.

Javier Prussing, gerente general de la constructora, afirmó que el Compromiso PRO les ayudó a integrar al proceso constructivo una visión más allá de las dimensiones técnicas de la obra.

Dijo que Aitue ha participado en el programa Buenas Prácticas y Buen Constructor, todos antecesores del Compromiso PRO. “Hemos realizado un proceso de continuidad para mantener altos estándares”, subrayó.

En ese sentido, Felipe Rabanal, administrador de la obra certificada, señaló que “nos dimos cuenta que en varias dimensiones estábamos avanzados y que cumplíamos con los estándares requeridos, como seguridad laboral y medio ambiente”.

Sobre el beneficio directo del programa, precisa que “la metodología nos entregó herramientas que aportaron en el autoconocimiento, pero, sobre todo, reforzó el trabajo en equipo entre las diferentes áreas de la empresa”.      

A nivel nacional, son 191 las empresas socias adheridas al programa.

Si quieres conocer más detalles del Sello Compromiso PRO, haz click en el siguiente enlace.

Impulsar una agenda de proyectos de inversión, entregar incentivos a la participación e incorporar a nuevos actores, como los gobiernos regionales; fueron las principales conclusiones del conversatorio “Concesiones urbanas y Ley 19.865 de Financiamiento Urbano Compartido” que realizó la CChC Concepción y el Gobierno Regional del Biobío (GORE Biobío).

En la jornada, además se resaltó el papel del sector privado para aportar a disminuir las brechas en infraestructura que presentan las distintas comunas a nivel regional.

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, señaló que se necesitan medidas integrales para reducir el déficit de infraestructura y llamó a definir las obras en infraestructura que requiere la Región. “Determinemos la cantidad de infraestructura necesaria para presentarla al Gobierno y no sólo a éste, sino a los futuros”, aseveró.

Agregó que “necesitamos un “shock” de inversión y que tendrá que venir del sector privado”.

Bernardo Suazo, presidente de la CChC Concepción, resaltó que la Ley de Financiamiento Urbano Compartido es una herramienta eficaz para equiparar la falta en materia de infraestructura de distinto tipo, sin embargo, admitió debilidades en la normativa. Entre ellas, el desconocimiento en su aplicación y la carencia de incentivos para generar la alianza público-privada.

“En primer lugar, hay que difundir esta ley, levantar un banco de proyectos y mejorar los incentivos. Hoy, de la mano del Gobierno Regional es la oportunidad para lograrlo”, expresó Suazo.

Dicha ley rige desde 2003 y en ella no están incluidos los Gobiernos Regionales, ya que su creación fue posterior a la entrada en vigencia de la norma.

Ante esto, el jefe de la División de Infraestructura y Transporte del GORE Biobío, Oscar Ferrel, adelantó que están realizando gestiones con parlamentarios para modificarla y así incluirlos en el financiamiento de proyectos. Hoy, de acuerdo a la ley, el Ministerio de Vivienda, Serviu y los municipios son los llamados a financiar esas inversiones.

Una de las sorpresas que salió a la luz en uno de los paneles de conversación del encuentro, es que pese a lo beneficioso que resulta ejecutar proyectos en colaboración público-privada, no existe ni una sola iniciativa que se ejecute en la Región bajo esta ley, según confirmó la seremi de Vivienda, Claudia Toledo.

Por su parte, Héctor Díaz, consejero regional de la CChC Concepción, que participó en uno de los conversatorios, dijo que para que exista un desarrollo equitativo de la infraestructura regional es necesario cambiar el modelo de gestión e identificar proyectos claves.

Por ejemplo, afirmó que es preciso contar con un sistema de concesiones a nivel regional que permita a las empresas locales acceder a proyectos. “Existen obras como la pavimentación de caminos rurales, por ejemplo, que se podrían ejecutar a través de un sistema regional concesionado y que ayudarían a frenar la brecha en infraestructura”.               

Finalmente, se analizaron las trabas de tipo regulatorio que están afectando las inversiones. Se mencionó también la judicialización que sufren algunos proyectos, generando su retraso.

Uno de los efectos del actual entorno económico del sector construcción ha sido la restricción de los bancos, no sólo en el acceso al crédito para constructoras e inmobiliarias, sino también, en la entrega de boletas de garantía.

En este panorama, son las Entidades Patrocinantes (EP) o EGIS unas de las más golpeadas por las nuevas condiciones impuestas a su labor de asesorar a familias de postulantes a subsidios habitacionales y elaborar proyectos, entre otras funciones.

Debido a disposiciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), estas entidades deben presentar dos boletas de garantía para el desarrollo de su trabajo. Una de ellas, exigidas para firmar el Convenio de Asistencia Técnica (CRAT) con el ministerio y otra, correspondiente al 10% del monto del contrato adjudicado, que garantiza la buena ejecución de los servicios.

El aumento de riesgo en el rubro, según reconocen los bancos en la última encuesta sobre Créditos Bancarios del Banco Central de octubre de 2022, hace que las EP y constructoras estén teniendo dificultades para obtener las boletas de garantías exigidas.

El presidente del Comité de Vivienda del gremio local, Álvaro Pinto, plantea que ante este escenario el Minvu debiera flexibilizar el sistema de garantización. “Estamos afectados por las consecuencias de la pandemia y con un escenario complejo para el próximo año, por lo tanto, el ministerio debería abrirse a aceptar otra forma de garantía”.

Esto, dice Pinto, en alusión a la entrega de un certificado de fianza que pudieran entregar las EP, ya que a las empresas constructoras se les acepta una póliza de garantía, lo que deja a las entidades en una clara desventaja. “Las EGIS deben entregar una boleta de garantía para poder trabajar, que además debe ser por el 10% del contrato, a diferencia de las constructoras que lo hacen por el 2,5% o 5%”.  

El dirigente afirma que lo más preocupante es que ese 10% debe garantizarse durante toda la obra y post venta. “O sea, si un proyecto dura en promedio 3 años, la boleta debe extenderse por ese tiempo. Sin embargo, la problemática es que los bancos entregan la boleta sólo por un año y renovable y esa condición no es aceptada por el Serviu”, agrega.  

La solución, reitera Pinto, sería que el Minvu aceptara otro mecanismo de garantía, como las mencionadas fianzas o que pueda recibir la boleta por el tiempo que es entregada por los bancos incluyendo la renovación anual.  

“No estamos diciendo que nuestro trabajo quede sin garantía, pero sí que ésta se pueda renovar, como lo ofrece la banca. Lo que estamos viendo es que no existe comunicación entre el banco y el ministerio”, expresa.

Para las empresas que trabajan con el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, DS- 49, existen dos alternativas de garantización ante el Serviu: Una, por la buena ejecución y la segunda, si es que solicitan un anticipo del subsidio, sin avance de obra. Como ejemplo, pueden pedir un anticipo de un 20%, sin ejecución de proyecto.

Es ésta última garantía, la cual ha sido más restringida por la banca a la hora de entregarla a las empresas del rubro.