En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer resulta imprescindible analizar cómo estamos viviendo los embates de la pandemia en el plano laboral femenino y qué estamos haciendo por su recuperación. Los resultados de la última Encuesta Nacional de Empleo del INE, mostró que la tasa de desocupación nacional del trimestre octubre-diciembre de 2022 alcanzó un 8,0%. En las mujeres, este indicador se situó en 8,6%, con un aumento de 1,2% puntos porcentuales en 12 meses.

Las cifras dan cuenta de que la crisis económica y los efectos de la pandemia han sido especialmente duros con la participación femenina. Durante la emergencia sanitaria, más de 900 mil trabajadoras dejaron sus empleos y muchas de ellas aún no han logrado regresar a sus puestos laborales, por diversas razones.

Desde el sector construcción, se han hecho múltiples esfuerzos por impulsar su incorporación a la actividad, aportando a una reactivación económica que requiere con urgencia el foco en la generación de empleos para mujeres. La industria mantiene un 8,5% de participación laboral femenina.

En empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción, el 21% de los empleos son ocupados por mujeres. De ellas, el 65% se desempeñan como jornales y ayudante, el 10,6% en oficios administrativos y sólo el 4,5% en cargos de jefatura.

En Concepción, el gremio tiene entre sus ejes fortalecer esta inclusión en roles operacionales, profesionales y directivos a través de la Comisión de Mujeres, que se formó en esta sede y que hoy cuenta con presencia a nivel nacional.

Las líneas de trabajo apuntan a visibilizar la labor de mujeres en obra y a potenciar sus capacidades, como también de quienes están en cargos dirigenciales. Esto entregando nuevos aprendizajes, capacitaciones y formación, con el fin de mejorar su crecimiento laboral, pero también, sus oportunidades.

Sin duda, estamos conscientes que para una incorporación masiva al mundo de la construcción es necesario hacerlo más atractivo y que conozcan el dinamismo de esta actividad. Por ello, hemos trabajado junto al Consejo Asesor Empresarial de la CChC con alumnas de liceos técnicos de la provincia, informándolas y mostrándoles las oportunidades del rubro. Además, uno de los desafíos 2023 es capacitar a mujeres del área rural para que se integren al sector.

Asimismo, por medio de un convenio con la seremi de la Mujer y Equidad de Género, se han capacitado a mujeres en distintos oficios de la construcción, aportando a superar las brechas de desigualdad que todavía existen. En este contexto, es primordial reactivar la Mesa “Mujer y Construcción” impulsada junto al Gobierno durante 2021.

El rubro ha dado pasos importantes por hacerse cargo de las diferencias y ha logrado contribuir a abrir espacios, lo cual esperamos que se replique en otras áreas productivas. Avanzar en la incorporación femenina aporta a la sostenibilidad, a la diversidad en el trabajo y a un mejor desempeño productivo y humano.

La reactivación que el país necesita debe ser con rostro de mujer.

El fallo de la Corte Suprema que anuló la votación del CORE respecto del Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción (PRMC) abrió una serie de interrogantes sobre este tipo de instrumentos de planificación territorial (IPT) y de otros que tienen como objetivo el ordenamiento de las ciudades.

Las preguntas que surgen abarcan distintas aristas y van desde si ¿una sentencia de este tipo puede hipotecar o retrasar proyectos de relevancia social para la Región, como la Ruta de Pie de Monte?, ¿cuánta es la incidencia de esos mecanismos de planificación en la vida diaria de los habitantes? y, finalmente, ¿son éstos el reflejo actualizado del ritmo de crecimiento de un territorio?

Como dato, según el Banco Mundial, al año 2021, el 88% de la población en el país vive en una zona urbana. Por lo tanto, esto demanda que existan instrumentos de planificación territorial que ordenen y mejoren el desarrollo de comunas y áreas metropolitanas.

En la región del Biobío, de las 33 comunas el 79% de ellas posee un Plan Regulador Comunal (PRC). En un 49% de esos territorios estos instrumentos están vigentes. Un 30% se encuentran en fase de modificación, un 6% en etapa de formulación y un 15% son comunas que no cuenta con un PRC. Esto, de acuerdo al Estudio de Planificación Comunal en Chile 2021 elaborado por la CChC.

A nuestro juicio, como requerimiento básico no sólo se necesitan planes adecuados, sino, que sean eficientes, ágiles y dinámicos en su gestión, desarrollo y vigencia.

Sin embargo, esto al parecer no se estaría cumpliendo. Desde hace bastante tiempo, en la práctica los IPT no contribuyen a resolver el bienestar de los ciudadanos en el territorio. Esto se atribuye a que, muchas veces, la decisión política prima por sobre la técnica, generando escenarios desapegados a la realidad.

Se suma que los plazos fijados para procedimientos de análisis, diagnóstico y diseño de los IPT son excesivos. Así, cuando éstos entran en vigencia, ya están obsoletos y obligan a ser modificados una y otra vez, puesto que la ciudad evoluciona a una mayor velocidad.

Es fundamental que estos instrumentos puedan estar al día con el devenir y desarrollo de las ciudades. Es decir, lo ideal es que se basen en información actualizada, procesada y publicada, como la que entregan hoy instrumentos de inteligencia artificial al servicio de la planificación y que son una verdadera réplica del mundo real, aportando a la predicción de escenarios urbanos. Su uso basado en información, simulación y modelos predictivos deben incorporarse como una obligación en su desarrollo.

Estamos seguros que el futuro City Sience Lab Biobío, dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), nos permitirá avanzar firmemente en este camino.

Asimismo, creemos que la gestión de estos instrumentos debe estar en manos de los Gobiernos Regionales, tanto administrativa como financieramente, siendo parte de sus competencias.

Es claro que un IPT de esas características: actualizado, vigente y con una conexión con las necesidades de los ciudadanos permitirá tomar decisiones que propendan a mejorar el entorno y servicios, a generar una movilidad sostenible y a ordenar los lugares de vivienda y trabajo para desarrollar ciudades inteligentes y sustentables.

Sin avance en infraestructura no existe crecimiento. En el marco del primer Diálogo Regional: “Desarrollo de la Infraestructura de Transporte y Logística para el Biobío” hubo acuerdo unánime de que una potente inversión en este ámbito abre las posibilidades de desarrollo de la Región y, con ello, el desafío de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Como Región debemos continuar haciendo esfuerzos en esta materia, pero hoy con una mirada diferente que incorpore una renovada gobernanza para los proyectos de infraestructura.

Creemos que existen suficientes diagnósticos y planes de lo que nuestro territorio requiere en esta área. Lo que se necesita es un mecanismo de gestión donde, en primer lugar, se establezcan las urgencias y prioridades.

La planificación de iniciativas debe nacer de una Mesa Integrada de Infraestructura liderada por el Gobernador Regional que reúna, además de la mirada pública y privada, al ámbito académico y a la sociedad civil. Sabemos que un plan de inversiones en infraestructura tendrá enormes beneficios en términos de empleo y dinamismo económico que, finalmente, impactarán positivamente a la comunidad.

Un ejemplo de este modelo es el proyecto Biovías que en 2005 permitió mediante la integración de instituciones públicas, privadas y de la sociedad materializar, en un corto plazo, obras por más de US$ 155 millones. En este contexto, el crecimiento habitacional, productivo y logístico del Gran Concepción demanda soluciones abordables con estrategias similares.

En la CChC Concepción, hemos impulsado este tipo de programa para traer a la ciudad el “City Science Lab Biobío”, un centro de investigación aplicada del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que se preocupará de complejidades de nuestra urbe y que cuenta con la colaboración de esa universidad, el Gobierno Regional y la Corporación Ciudades. Asimismo, a la ciudadanía se le asigna un papel relevante en esta iniciativa.

En esa línea, desde la Mesa de Infraestructura deberá surgir la cartera de proyectos, su cobertura, los plazos y los recursos. Este último elemento es uno de los mayores desafíos y clave para concretar una agenda de iniciativas.

Nuestra propuesta como gremio es que por medio de esta metodología compartida se pueda decidir la forma de financiamiento de los proyectos, donde no sólo los ministerios o el Estado, a través del presupuesto público, financien las ideas, sino, abrirse a la asociación público-privada, con un sistema de concesiones o de otro mecanismo.

Finalmente, es esperable concretar una unidad especializada a cargo de supervisar esas obras.

El país y la Región necesitan apostar por iniciativas de infraestructura que permitan, hoy más que nunca, mantener cierto ritmo de crecimiento y sustentar los cambios sociales que los ciudadanos esperan con prontitud.

La reactivación de la inversión pública no ha sido fácil para el país. Los diversos efectos de la pandemia se han dejado sentir en un área que es un pilar para sostener la economía durante este año y los próximos y que, lamentablemente, se ven complejos en términos de dinamismo y crecimiento.

Durante los últimos dos años, los costos de construcción se han elevado por sobre el IPC, relegando las perspectivas de inversión. Lo anterior, con todos los impactos que eso significa en términos de empleo y en calidad de vida para los ciudadanos.

Más profundo aún es lo que ocurre con los proyectos de infraestructura pública. En el estudio “Sobrecostos de construcción en obras de infraestructura pública” realizado por la CChC Concepción se constató que los materiales e insumos del sector crecen en su valor tres veces más que el IPC, con un incremento anual de 30,7%. En esta línea, las obras de infraestructura son las que muestran el mayor aumento con un 36,4% de presión inflacionaria.

El mismo informe señala que, de una muestra de 200 obras en el país, el 100% de ellas fueron afectadas por esta alza y que el 70% no tiene mecanismos de reajustes a los cuales recurrir ante tal situación.

En el ámbito regional, vemos que este complejo panorama tiene consecuencias tanto para las empresas como para sus proyectos. Como gremio nos preocupa que obras de alto impacto social, tales como escuelas, caminos, comisarias y centros de salud, por nombrar algunos, no podrán terminarse o ni siquiera podrán comenzar con sus obras.

El documento antes mencionado ratifica que entre el 20 y el 25% de la cartera actual de los presupuestos asignados en distintas entidades ejecutoras no podrán ser concretados, incrementándose el riesgo de suspender o paralizar obras licitadas por el Estado.

Este escenario ha significado un desafío para mandantes públicos y privados ante la necesidad de financiar los mayores costos de construcción y ha implicado que diversas empresas contratistas sufran perjuicios ruinosos, que no sólo están generando incertidumbre en la finalización de los proyectos, sino también, en la continuidad de las empresas ante eventuales liquidaciones o reorganizaciones concursales.

Todos sabemos que el cierre de una empresa ante su insolvencia trae efectos que van más allá de la misma organización, pues implica el despido de trabajadores, el término de las relaciones contractuales con proveedores y la suspensión de la ejecución de una obra por largo tiempo, dejando a la población que se beneficia de esta infraestructura a la espera de una solución.

Creemos que se deben crear mecanismos que puedan ayudar a resolver la situación por la que pasan hoy las obras en desarrollo. Estamos conscientes que se hizo un esfuerzo con los futuros proyectos, a través de un polinomio, pero son las obras vigentes las que requieren con prontitud un salvataje.

Consideramos que una vía legal con características de única y excepcional puede hacer frente de forma rápida a estas complejidades y de esa manera no poner en riesgo la continuidad de una gran cantidad de iniciativas de infraestructura pública. Abogamos por una medida excepcional para circunstancias también excepcionales.

Adelantarnos y proyectar el futuro de la ciudad no es un sueño o una tarea inalcanzable. Por el contrario, la tecnología nos permite acercarnos cada vez más a una planificación urbana sostenible y armónica para sus habitantes, visibilizando los impactos de las decisiones que se adoptan para los territorios.

Esta es la gran apuesta del “City Science Lab Biobío”, un centro de investigación aplicada del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos, que se instalará en Concepción, gracias a una alianza entre la CChC, el Gobierno Regional y la Corporación Ciudades.    

Formará parte de la red de laboratorios que ya funcionan en otras siete ciudades del mundo: Toronto (Canadá), Guadalajara (México), Hamburgo (Alemania), Andorra (Andorra), Taipei, Shanghai (China) y Ho Chi Minh (Vietnam). 

Así, dentro de los próximos 48 meses -plazo que dura el convenio con el MIT- podremos fortalecer los procesos de planificación territorial y los métodos que aplicamos para “hacer ciudad”, considerando nuestras principales urgencias en temas habitacionales, de uso de suelo y movilidad, entre otros, para avanzar hacia un Gran Concepción más sustentable e inteligente.

¿Cómo logramos esto? El MIT cuenta con tecnología de punta para solucionar temas de ciudad. Su MIT Media Lab es reconocido por promover el estudio e innovación para abordar las complejidades que se presentan en las urbes. Está compuesto por más de 25 grupos de investigación, entre los cuales, está el City Science Group, destacado por la planificación de ciudades del futuro.

El objetivo es aplicar esta metodología a la ciudad, construyendo un modelo digital interactivo que permita proponer formas de solución a los distintos problemas de nuestra urbe, en el lapso de ese periodo. El sistema tiene la ventaja de incorporar cientos de datos, desde la medición del tráfico de redes de comunicación hasta la configuración de los volúmenes que conforman el espacio público, incluyendo el trazado de calles, las redes de instalaciones y el sistema de tráfico entre muchos otros.

Es decir, nos permitirá conocer los impactos en el crecimiento de la ciudad de las distintas decisiones urbanas que se tomen para nuestro territorio.

Así, al predecir las consecuencias o efectos de este tipo de acciones se podrán analizar alternativas para el desarrollo o fortalecimiento de barrios específicos, parques o vías de comunicación, por nombrar algunas. Este laboratorio de ciudad permitirá generar diversos escenarios y anticipar el impacto de proyectos o transformaciones urbanas.

Nos adelantaremos y podremos saber si densificar una determinada área en la zona céntrica generará cambios o no en el espacio público o en las redes. O qué ocurrirá si se decide cambiar el trayecto de una línea de buses: se necesitarán más paraderos o nuestras calles podrán absorber lo que significa una mayor cantidad de transporte público.

En definitiva, y no es ciencia ficción, con el “City Science Lab Biobío” estaremos proyectando el futuro de nuestras ciudades.

Lo más importante es que este centro tecnológico contempla la participación de la sociedad civil, que podrá ver cómo será el desarrollo de la ciudad en la próxima década. Para ello, se crearán instancias de coordinación y una gobernanza urbana para fortalecer la vinculación entre los diversos actores involucrados, como las universidades, el mundo empresarial y los municipios que forman parte del Gran Concepción.

Un proyecto revolucionario que nos llena de orgullo y que tendrá como sello la utilización de la inteligencia artificial, el análisis de datos y el trabajo de equipos multidisciplinarios. Todo desde Concepción para el mundo.

Recientemente, la CChC junto al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica dieron a conocer los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2021, análisis que intenta entregar un panorama de las virtudes y brechas de las ciudades en el país.

En la medición, Concepción figura entre las 10 mejores urbes para vivir y segunda entre las áreas metropolitanas, luego de Concón, ofreciendo, según este indicador, una alta calidad de vida urbana. Entre los atributos que se destacan están las condiciones socioculturales, el ámbito de la salud y el medio ambiente y las condiciones laborales.

Pese a esta buena noticia, el análisis ha generado un interesante debate respecto de los elementos considerados para definir una real calidad de vida. El informe muestra a la ciudad con datos positivos en las dimensiones anteriormente mencionadas, pero por otra, reconocemos que existen complejidades que nos obligan a revisar nuestro modelo urbano existente.

Una de ellas y que el IVCU califica de forma deficiente (Bajo) es el ámbito de vivienda y entorno. En esta línea, creemos que la proliferación de tomas o campamentos, la falta de áreas verdes y la existencia de basurales clandestinos son elementos que impiden acercarse a ciudades óptimas en esta dimensión.

Asimismo, la dualidad distancia-tiempo es clave para entender por qué desde expertos hasta el ciudadano común avizoran un deterioro progresivo de la calidad de vida en nuestro Concepción metropolitano. Hoy es dramático que, producto de la congestión, los habitantes destinen largas jornadas sólo a trasladarse para acceder a servicios o lugares de trabajo.

La calidad de vida no sólo depende del quehacer municipal, sino también, del Estado y de los gobiernos de turno que deberían proveer de estos equipamientos de forma equitativa y equilibrada en las distintas comunas, para así evitar la concentración en la capital regional.

Por otra parte, las inversiones en infraestructura son necesarias y urgentes para dar respuesta y mitigar en parte estos dolores. La Ruta Pie de Monte y el Puente Industrial son obras que creemos ayudarán a descongestionar del transporte de carga la Ruta 160, una de las más colapsadas a nivel nacional.

Para una mejor conectividad no sólo bastan las obras, sino que además se debe apuntar a un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, con el fin de dotar a la ciudad de un sistema de transporte público integrado que compita en rapidez y comodidad con el automóvil y que, a la vez, conecte espacios públicos de calidad. Una buena evaluación tuvo la extensión del Biotrén y la construcción de un metro en la última encuesta sobre el tema impulsada desde el Gobierno Regional.

Todo esto supone un conjunto de políticas públicas extendidas para abordar problemas que deben mirarse a largo plazo.

En lo inmediato, mejorar el entorno que permita a los ciudadanos sentir a su ciudad como un lugar amigable y seguro se puede y no requiere de grandes reformas. Iluminar lugares como plazas, involucrar a los vecinos en el cuidado del medio ambiente y exigir proyectos inmobiliarios para que sean un verdadero aporte a la ciudad son parte de la estrategia.

Más allá de las discusiones y debates, el ICVU 2021 nos llama a reflexionar sobre la manera de cómo debemos proyectar espacios sustentables y que sean capaces de responder de forma apropiada a las necesidades de los habitantes de nuestra ciudad.