Eliminación del crédito a la vivienda: la peligrosa ecuación para financiar la PGU

Eliminación del crédito a la vivienda: la peligrosa ecuación para financiar la PGU

Eliminación del crédito a la vivienda: la peligrosa ecuación para financiar la PGU

David Vásquez
Presidente Comité de Vivienda
Cámara Chilena de la Construcción, sede Concepción

En estas últimas semanas, hemos sido testigos de la discusión sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), una medida altamente redistributiva y que, entre otras fuentes, se pretende financiar aumentando un impuesto totalmente regresivo, lo cual resulta sorprendente.

Todos sabemos que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) castiga con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos y, por lo tanto, cuesta entender que no se advierta que eliminar el mal llamado Crédito Especial a las Empresas Constructoras (CEEC) es, en la práctica, aumentar el IVA a un bien que demandan miles de familias en el país, especialmente, las más vulnerables y cuyo déficit se estima en torno a las 700.000 viviendas en Chile.

Se olvida que el CEEC tiene como fin último ser una ayuda al comprador y se produce por la necesidad de gravar en menor proporción a la vivienda, dada la evidente importancia que tiene para las personas. Con el objeto de mejorar la focalización, el beneficio se restringe a viviendas cuyo precio no supera las 2 mil UF, o 2.200 UF, si son financiadas en su totalidad o en parte por subsidios estatales, por lo que se está lejos de beneficiar a las familias de mayores ingresos.

El IVA es un impuesto al consumidor, por lo que cualquier aumento implica que el comprador deberá pagar más por el mismo producto y su recaudación ingresará a las arcas fiscales para financiar gastos del Estado, en este caso, el loable propósito de mejorar y dar dignidad a las bajas pensiones.

Sin embargo, estos fines, por muy bien intencionados y meritorios que sean, no pueden justificar los medios que, en este caso, implicarán un incremento de precio en las viviendas destinadas a los sectores de menores ingresos. Dicho de otra forma, no pueden financiar (aunque sea parcialmente, pues se contemplan otras fuentes de financiamiento) las familias más carenciadas, las pensiones de sus semejantes, en similares condiciones de ingresos. Es sacar del bolsillo de una familia vulnerable o emergente, para ayudar a otra en condición similar. Lo que no cuadra.

Por otra parte, muchas de estas familias sólo pueden acceder a una vivienda a través de subsidios con un ahorro que va desde las 10 a 80 UF, dependiendo del programa habitacional. La interrogante es ¿quién financiará ese mayor valor? Suponemos que el Estado, ya que, para mantener o mejorar el ritmo de atención a las familias más vulnerables debería aumentar los subsidios para compensar ese mayor costo que tendrá ahora la construcción de la vivienda por mayor impuesto.

Es decir, por un lado, se recaudarán más impuestos, y por otro, en el caso de los subsidios a la vivienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá aumentar los egresos, para balancear el ejercicio.

Ahora, si el Estado decide no entregar mayores subsidios para no gastar parte de lo recaudado y focalizarlos en la PGU, el costo social podría sería altísimo. Esto pues pudiera significar que proyectos destinados a ser financiados con subsidios, hoy con graves problemas de costo por la inflación y con subsidios fijos, no se lleguen a concretar, agudizando el déficit habitacional.

No cabe duda que se deben mejorar las pensiones, pero su financiamiento debe ser mediante fórmulas que no afecten, precisamente, a los que se dice querer favorecer.

Si el Estado no agrega mayores recursos a los subsidios, existe el potencial riesgo de que los proyectos sociales no lleguen a concretarse, agudizando aún más el déficit habitacional de las familias vulnerables.

Llevemos las ciudades a la Convención

Llevemos las ciudades a la Convención

Llevemos las ciudades a la Convención

Helen Martin Urrutia

Presidenta de la CChC Concepción

El país está viviendo un momento histórico. Una oportunidad única para sentar las bases del Chile que queremos para los próximos 50 años, en el que, indudablemente, vivirán y se desarrollarán las nuevas generaciones, nuestros hijos y nietos.

Como gremio hemos entendido que debemos ser protagonistas de este proceso tan trascendental para el futuro. Por ello, desde la sede Concepción hemos ingresado como aporte a la elaboración de la nueva Constitución una propuesta en el marco de las iniciativas populares de norma, que es uno de los mecanismos establecidos por el reglamento de la Convención para fomentar la participación popular.

Junto a sindicatos, juntas de vecinos, centros de estudiantes, organizaciones como TECHO y otros, hemos tratado de propiciar el debate constituyente en torno a la planificación territorial y al anhelo de habitantes de tener ciudades sostenibles e inteligentes, a través de lo que hemos llamado: “Smartsíty”.

¿Cómo lograrlo? Nuestra propuesta tiene por finalidad dotar a los gobernadores regionales de mayores atribuciones que les permitan influir en la planificación del territorio regional, apelando a la promoción de políticas más integradoras entre las distintas comunas, de acuerdo a sus diversas características y dinámicas de coexistencia.

Confiamos en que sean estas autoridades las capaces de articular y plasmar esa visión integradora. Lo que vemos es que muchos vecinos se interelacionan con más de una comuna y que sus centros urbanos conviven estrechamente en varias zonas a lo largo de Chile. Necesitamos que esos territorios conversen entre sí y que esa interdependencia ineludible sea considerada a la hora de proyectar su desarrollo urbano.

En definitiva, lo que una comuna resuelve en su planificación territorial afecta a la otra, y viceversa. Por ello, estamos convencidos que es clave esa mirada integradora.

El desafío no es menor si consideramos que dicha iniciativa podrá formar parte de la discusión y ser equivalente a las presentadas por convencionales si son pertinentes al debate constitucional y logran reunir al menos 15 mil firmas de apoyo en cuatro regiones distintas. De esa forma, la idea será tramitada por las comisiones temáticas en la Convención.

Nuestra idea es poner en valor la importancia de tener ciudades amigables y responsables en el largo plazo. Buscamos instalar, como lo hemos hecho siempre desde la CChC, una mirada sostenible del desarrollo.

Para nosotros una urbe inteligente (Smart City) va más allá del uso de tecnologías de información y manejo de datos, que sin duda también lo consideramos, pues esto permitirá el uso sostenible de los recursos de la ciudad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

La ciudad inteligente debe ser capaz de articular distintos sectores de forma armónica, rescatando las interacciones entre éstos, tales como telecomunicaciones, seguridad, transporte, salud, agua potable, energía y reciclaje, entre otros, tanto en la operación diaria como en la planificación prospectiva de esa urbe.

Para que esta idea pueda hacerse realidad, hago un llamado a unirse a esta causa, a llevar las ciudades a la Convención.

Invitamos a todos los vecinos del Gran Concepción a visitar nuestro sitio web: www.smartsity.cl y a participar con su patrocinio. ¡Seamos parte de la construcción de nuestras ciudades, impulsemos un urbanismo sostenible, amigable y con mejor calidad de vida para todos quienes vivimos en estos territorios!  

Infraestructura sostenible para la competitividad regional

Infraestructura sostenible para la competitividad regional

Infraestructura sostenible para la competitividad regional

Helen Martin Urrutia

Presidenta de la CChC Concepción

Hace algunos días, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su seremi en la región del Biobío presentó a nuestro gremio los principales proyectos en materia de infraestructura que esa cartera ejecutará en la próxima década.

Se trata de un plan bastante ambicioso y con una mirada de futuro que pretende consolidar a la Región como una plataforma logística, única en el país, de manera de potenciar las actividades productivas, incluidas las operaciones de exportación, como las importaciones.

Pero, a la vez, busca priorizar iniciativas que entreguen una mejor calidad de vida a los habitantes de las distintas ciudades que componen este territorio.

Tal como anunció la autoridad, el conjunto de proyectos es parte de una inversión histórica del MOP que alcanza a los $ 600 mil millones en contratos y 300 obras.

Para cumplir sus objetivos, este ministerio pretende concretar un “circuito orbital” que involucra obras claves de infraestructura, donde uno de los ejes es el Puente Industrial, actualmente en construcción. Sumando, además, otros proyectos innovadores como la carretera que proyecta conectar Copiulemu, Hualqui y Coronel.

La idea, según las autoridades, es eliminar el paso de los camiones de las ciudades y así generar una oferta de desarrollo para la Región y sus habitantes.

Esta cartera de proyectos que recoge, a nuestro juicio, las necesidades de la comunidad en cuanto a transporte y mejoramiento de la calidad de vida, está enfocada en dos aspectos centrales que son la productividad y el desarrollo urbano y que incluye los proyectos que como CChC hemos venido impulsando para el necesario crecimiento de la Región, entre éstos, el mencionado Puente Industrial, la Ruta Pie de Monte y la Ruta Nahuelbuta.

Pero también, creemos fundamental debatir sobre otras iniciativas que han quedado rezagadas en el tiempo y que son de enorme importancia para hacer más competitiva la Región y, sin duda, mejorar la calidad de vida de los vecinos. Entre éstas, anhelamos la construcción del Metro para la ciudad, que integre incluso otras comunas de manera subterránea con el centro de la capital regional, democratizando su acceso.

Así, como también, el postergado proyecto de soterramiento de la línea férrea, que eliminaría las barreras físicas y visuales hacia la zona ribereña, otorgando oportunidades de desarrollo urbano en los alrededores.

Creemos que en la Región y en el país, hay mucho más que hacer en el ámbito de la infraestructura. Esto significa no sólo buscar más infraestructura, sino, que debemos proyectarla de una manera que genere el menor impacto ambiental-social.

En primer lugar, creemos que este desafío es independiente de los ciclos políticos. La gestión en infraestructura debe ser un lineamiento de Estado y de largo plazo, teniendo en cuenta que en promedio una obra se materializa en un lapso de a lo menos 8 años.

También se hace urgente articular un modelo de integración público-privada que aporte en la concreción de los proyectos, resguardando que sean iniciativas que aseguren un crecimiento sustentable en el tiempo.

Acogemos la propuesta del seremi de Obras Públicas de formar un Directorio que se aboque a proponer, apoyar e impulsar los proyectos desde una óptica local. Vemos, además, en esta idea un impulso a la descentralización del país.

Por otro lado, para una infraestructura eficiente en términos prácticos, estamos convencidos que debe existir la mirada de largo plazo que postulamos, donde el sector privado pueda aportar con su experiencia.

Lo anterior, para que no ocurra luego de varios años que sean los municipios o Gobiernos Regionales quienes deban realizar nuevas inversiones para mitigar efectos no considerados en su diseño, donde, sin duda, debe incorporarse la real vida útil del proyecto con un enfoque sostenible.

Hoy cuando estamos ad portas de una elección presidencial, discutir estos temas son decisiones perentorias y forman parte de una oportunidad única para el país y nuestra Región.

Invertir en obras significa no sólo buscar más infraestructura, sino, que debemos proyectarla de una manera que genere mejor calidad de vida para los habitantes del territorio y el menor impacto ambiental-social.

Paz social como requisito ineludible para nuestro país

Paz social como requisito ineludible para nuestro país

Paz social como requisito ineludible para nuestro país

Helen Martin Urrutia

Presidenta de la CChC Concepción

El martes 9 de noviembre la Cámara de Diputados prorrogó el Estado de Emergencia, por 15 días más, en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía. Con esto, se persigue disminuir los episodios de violencia que han sido constantes en la macrozona sur del país.

Según cifras de la unidad de Coordinación Macrozona Sur, en base a información de Carabineros y la PDI, durante el primer semestre de este año ocurrieron 866 hechos de violencia, un 94% más que en el mismo periodo de 2020. La mayoría se registraron en La Araucanía, con 589; seguida por el Biobío, con 259 y 19 en Los Ríos.

No obstante, la medida de excepción ha permitido una disminución de un 43% de delitos en la zona, de acuerdo a lo señalado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

En virtud de este panorama, vemos como positiva la extensión de esta medida, pues creemos que es deber del Estado asegurar la protección de los habitantes, especialmente ante acontecimientos tan dramáticos como la muerte de carabineros, personas mapuches y no mapuches.

Consideramos que ante los hechos de violencia, la clase política no puede estar ajena, relativizando o minimizando la situación que viven a diario miles de familias en esa zona y de las cuales comprendemos su intranquilidad y temor ante este espiral delictivo.

Igualmente, es preocupante que gente de trabajo, como agricultores, pequeños o medianos empresarios de la zona, se vean impedidos de realizar sus actividades debido a que sus trabajadores son amenazados, hostigados o, incluso, se pongan en riesgo sus vidas. Es imposible lograr el desarrollo, cuando el escenario es totalmente incierto.

Como gremio productivo nos inquieta que los ataques se hayan extendido a diversos territorios de nuestro país y que en ellos se afecten a infraestructura pública, como el provocado al tren en Victoria. Asimismo, observamos con perplejidad el ataque a la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Universidad de Concepción y lo repudiamos con todas nuestras fuerzas.

Estamos convencidos que para construir un país próspero, con oportunidades para todos, la paz social es una condición imprescindible. Es necesario un clima de concordia para que la actividad económica, productiva y social se desarrolle sin contratiempos y con la mayor certeza posible.

En este sentido, adherimos a las declaraciones realizadas por la Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío (AGOP), de la cual somos parte, y que ha fijado como uno de sus principales ejes, trabajar por la paz social. La violencia nunca ha sido un mecanismo válido para manifestar el descontento o cualquier otra posición.

En nuestra opinión, para lograr que cientos de familias no tengan miedo de salir de sus casas, de transitar sin peligro o, simplemente, poder trabajar en un ambiente seguro se requiere aplicar marcos legales ejemplificadores para quienes ocupen la violencia como una manera de presión.

No entendemos que, por ejemplo, en el Congreso duerman a lo menos nueve proyectos de ley que entregan más facultades a las policías y al Ministerio Público para actuar frente a hechos de naturaleza violenta.

Por ello, creemos necesario y urgente un trabajo conjunto, colaborativo y coordinado, no sólo como hoy lo plantea el Estado de Excepción entre Carabineros y Fuerzas Armadas, sino también, entre los distintos poderes del Estado: Congreso, Ministerio Público y Poder Judicial.

Pero también, incorporar a la comunidad completa para que rechace y sea parte de instancias de diálogo. Que se propicien el bien común y, tal como se expresó en la Consulta Ciudadana donde más del 80% aprobó continuar con el estado de emergencia. Creemos que esto es un llamado porque existe una gran mayoría que quiere unidad, seguridad y paz.  

Modificación al IVA a la construcción: El efecto no deseado

Modificación al IVA a la construcción: El efecto no deseado

Modificación al IVA a la construcción: El efecto no deseado

Helen Martin

Presidenta CChC Concepción

Hemos conocido esta semana la intención del Gobierno de realizar una mejora a las pensiones básicas de los chilenos, a través del proyecto de la llamada “Ley corta de pensiones”, que ingresó a la Cámara de Diputados con discusión inmediata.

El costo de este proyecto sería cercano a los US$ 1.100 millones en régimen, es decir un 0,33% del PIB de la economía, de acuerdo a lo declarado por el Ejecutivo. También es de público conocimiento que las fuentes de financiamiento se harán por medio de la reducción o eliminación de cinco exenciones tributarias. Entre ellas, el crédito de IVA a empresas constructoras.

La principal razón del Gobierno para escoger estas exenciones y no otras es que permiten recaudar y, al mismo tiempo, afectar lo menos posible el proceso de reactivación, según lo manifestado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Lo anterior, con una economía que presenta un importante déficit fiscal, producto de la crisis generada por la pandemia.

Como gremio, concordamos que puede ser una medida para fortalecer el sistema de pensiones. Sin embargo, nos parece que el contexto en general debería incluirse en un proyecto de reforma mucho más amplio y que cuente con una discusión sin las presiones ni la premura del debate actual.

Pero, sobre todo, creemos que la propuesta de reducción o eliminación del impuesto debe considerar los impactos que tendrá en la política habitacional, ya que se generará un efecto no deseado: la afectación de una de las principales demandas que manifiestan sectores emergentes y medios del país, como es el costo y acceso a la vivienda.

Nuestra posición es que, si se insiste en eliminar el crédito especial a la construcción de viviendas, se implemente al mismo tiempo un mecanismo de compensación o algún tipo de subsidio directo a las personas por la pérdida de este importante beneficio. De hecho, estimamos que cada año, 9 de cada 10 familias que compran una vivienda lo hacen con esta ayuda.

Esta posibilidad incluso ha sido sugerida por la OCDE y diversos economistas nacionales cuando fueron estudiadas las exenciones tributarias vigentes en el país.

La exención al crédito especial a la construcción fue establecida en 1975, con el propósito de evitar que la incorporación del IVA en la actividad produjera un aumento en el precio de las viviendas. Es un beneficio para las personas que adquieren una casa y no para las empresas constructoras. Lo reciben los compradores con costo de construcción hasta 2 mil UF y no es un beneficio que reciben directamente las empresas.

En este contexto, cada año casi 70 mil familias, especialmente vulnerables y emergentes, logran acceder a una vivienda con el apoyo de tres instrumentos estatales: subsidios habitacionales, exención del pago de IVA por la compraventa de una vivienda, y crédito especial a la construcción. Otros, 50 mil grupos familiares, mayoritariamente de clase media, tienen como único respaldo el crédito especial.

Aún más preocupante es el panorama de déficit habitacional y la verdadera “crisis de acceso a la vivienda” por la que atravesamos como país y que tiene a más de 81 mil familias viviendo en campamentos, en condición de hacinamiento o allegadas.

En consecuencia, creemos que lo fundamental es no debilitar una política de apoyo a esos cientos de hogares, sino por el contrario, llamamos a fortalecerla.

No cabe duda que mejorar el sistema de pensiones es muy necesario, pero no puede hacerse a costa de dificultar aún más el acceso a la vivienda, el déficit habitacional en Chile también es un desafío urgente.

La futura estrategia de movilidad para el Gran Concepción

La futura estrategia de movilidad para el Gran Concepción

La futura estrategia de movilidad para el Gran Concepción

Helen Martin

Presidenta CChC Concepción

En las últimas semanas, hemos sido invitados como gremio a participar en la elaboración del “Plan de Movilidad 2050, por un Gran Concepción Sostenible”, que impulsa la seremi de Transportes, a través de Sectra de la región del Biobío. Un master plan ambicioso, pero necesario y urgente para una metrópolis que crece aceleradamente en materia de transportes y territorialidad.

Como lo dice su denominación apunta a desarrollar un conjunto de iniciativas con una visión integrada de transporte en concordancia con un desarrollo urbano, donde el foco sean los habitantes y su calidad de vida.

Valoramos que en la gestación de esta estrategia se convoque a distintos actores de la sociedad, como gremios productivos, juntas de vecinos, universidades y personas con capacidades especiales, por nombrar algunos. Aplaudimos además que este plan sea el primero a nivel nacional que congregue a quienes habitan y usan la ciudad.

La innovación del modelo de gestión que se pretende aplicar busca mejorar el sistema de transporte, pero también, cambiar la estructura de los espacios públicos con proyectos que permitan consolidar una urbe amigable para los que vivimos en ella. El énfasis no es solamente modernizar el transporte público o “arreglar el tránsito”, sino que se entiende la movilidad como un concepto mucho más amplio.

Por esta razón, creemos que es importante considerar algunos factores que incidirán en la ciudad de los próximos 30 años. La nueva realidad estará caracterizada por un notable envejecimiento de la población; una alta tasa de motorización, con más de 400 mil vehículos circulando y una mayor necesidad de viviendas, donde se requerirán cerca de 80 mil en el Gran Concepción, dadas las tendencias habitacionales.

Con todo, uno de los desafíos será materializar las iniciativas que se proyecten en el marco de este plan, más allá de los cambios y vaivenes políticos. Éste es un anhelo de toda la Región, ya que a través de décadas hemos visto como algunas obras son postergadas por el cambio de autoridades.

Hoy, además existe una enorme oportunidad con la elección de la figura del gobernador regional. Entre sus atribuciones, podrá establecer un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, surgido de proyectos participativos y que otorga facultades en materia de transporte público, medio ambiente y movilidad, entre otras temáticas.  

Nuestro deseo es que la autoridad pueda lograr un modelo en sintonía con las demandas locales y con los desafíos aquí planteados, como son una integración y un desarrollo sostenible verdaderos.

Dentro de este punto es relevante señalar que la infraestructura asociada al transporte siempre debe aportar al desarrollo de espacios comunitarios, como multicanchas, parques urbanos y sedes vecinales.  

Como gremio estamos a disposición para aportar a una temática ineludible para la vida de los ciudadanos. A través de nuestro eje gremial Ciudad y Territorio impulsamos el concepto de una urbe integrada social y territorialmente.

Con comunas conectadas entre sí y que puedan brindar a sus vecinos seguridad, acceso a la salud, educación, servicios básicos y espacios públicos.

Que se configure como una metrópolis de oportunidades, incorporando además el factor digital para facilitar la vida de sus habitantes (Smart City). Todo esto, por cierto, recogiendo la vocación y desarrollo económico del Gran Concepción, caracterizado por su rol de servicios e industrial.

Según lo planteado por la seremi de Transportes, la Imagen Objetivo y las propuestas de proyectos deben estar definidas este año. Consideramos que entre ellas deben incluirse los valores mencionados anteriormente, además de potenciar sistemas intermodales de transportes: como el auto, la bicicleta, caminatas, y por supuesto, el metro.

Así como también, incorporar el desarrollo integrado de obras públicas que faciliten la instalación de servicios en distintas comunas.

En definitiva, el propósito es redistribuir la ciudad para que todos los modos de transporte convivan de forma segura.

Como gremio a través de nuestro eje de gestión “Ciudad y Territorio” impulsamos el concepto de una urbe integrada social y territorialmente.