¿Cuáles son los alcances y riesgos que generarán los IMIV para los proyectos inmobiliarios?

Abr 20, 2022A fondo

La CChC Concepción organizó una charla a cargo del gerente de Vivienda del gremio, Tomás Riedel, quien dio a conocer los puntos más relevantes del nuevo sistema. Para el sector inmobiliario la normativa genera cierta incertidumbre en su implementación.

En noviembre de 2020, entró en vigencia la nueva Ley 20.980 de Aportes al Espacio Público. Entre sus principales innovaciones incluye el reemplazo de los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por los Informes de Mitigación Vial (IMIV). En ese contexto, y como una forma de mantener informados a los socios, la CChC Concepción realizó una charla sobre el tema a cargo del gerente de Vivienda del gremio, Tomás Riedel.

Ante más de 115 socios conectados a la plataforma Zoom y al iniciarse la conferencia, el presidente del Comité de Vivienda del gremio local, David Vásquez, señaló que este es un requisito más para todos los proyectos y que se suma al aumento en los costos de materiales que está enfrentando el sector.

Por su parte, Riedel calificó este sistema como uno de los cambios más relevantes de la última década y que “viene a impactar a los desarrollos en términos de costos y burocracia”.

Según la nueva normativa, todos los proyectos públicos y privados deben mitigar sus impactos al entorno. Dichas mitigaciones, comentó Riedel, deben realizarse por medio de medidas relacionadas con la gestión e infraestructura del transporte público y privado, para lo cual son necesarios los IMIV. Estos instrumentos se tramitan a través del sistema de ventanilla única.

La ley categoriza estos informes en tres tipos: básico, intermedio y mayor. El básico no requiere modelación de transporte, es decir que mediante algún software se midan los flujos vehiculares y no motorizados y está destinado para proyectos pequeños.

Riedel explica que para esta categoría no es necesario un consultor experto, sino que basta que el arquitecto o profesional del proyecto lo ejecute.

Para proyectos menores y medianos existe el informe intermedio, el cual sí va a requerir la modelación de transporte, pero sin reasignación de nuevos flujos.

Por último, el IMIV mayor exige la modelación de transporte con reasignación de nuevos flujos y se aplica a iniciativas más grandes. En esta nueva categoría, es necesario contar con un consultor especialista. 

Los IMIV rigen hoy en reemplazo de los EISTU y son tramitados en el SEIM, una plataforma digital establecida para el cumplimiento de la Ley de Aportes al Espacio Público.

COSTOS, PLAZOS Y RIESGOS

En esta línea, señaló que al considerar el factor de transporte y un fuerte componente de ingeniería, los IMIV tendrán, probablemente, plazos de desarrollo mayores que los EISTU.

Asimismo, el nuevo enfoque de estándar de servicio que incluye peatones, ciclovías, transporte público y privado, implicará un aumento de costos en estudios de campo y los diseños con mayor detalle requeridos también demandarán mayores costos en estudios básicos.

Uno de los riesgos que planteó el experto, tiene que ver con la definición de estándares de servicio. Señala que implicará que en zonas saturadas no sea posible cumplir con esa calidad exigida. “En zonas saturadas será más complejo hacer obras, lo que podría llegar a hacer inviables algunos proyectos”.

En cuanto al aspecto de tramitación, el IMIV básico se tramita a través de los municipios, en cambio, el intermedio y el mayor son aprobados por la seremi de Vivienda y Urbanismo.

Tendrán una vigencia de 3 años desde su notificación y deberá revisarse si el proyecto se modifica. Una vez obtenido el permiso, extenderá su vigencia hasta 10 años.

En cuanto a los plazos, Riedel señala que para el IMIV básico su aprobación se estima en 85 días, pasando por las etapas de revisión y corrección del informe en el Sistema de Evaluación de Impacto de Movilidad (SEIM). Para el intermedio o mayor los plazos llegan a 120 días.

En esta tramitación se considera el “silencio positivo”, es decir que al no existir respuesta de la autoridad revisora se entiende como aprobado.