El desafío de la nueva planificación intercomunal del Gran Concepción por Waldo Martínez Riquelme

Feb 22, 2019Opinión

Waldo Martínez Riquelme Arquitecto y miembro del Comité de Arquitectura y Urbanismo CChC Concepción.

Como es de conocimiento público la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío esta realizando la 11ª modificación al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC).

Dicha modificación partió en 2013 y ha tenido un extenso desarrollo, que incluyó entre sus etapas, una consulta pública. La culminación del trámite se estima podría ocurrir durante el año 2020. Según establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) un Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano es un instrumento de planificación que viene a regular un conjunto de comunas que interactúan urbanamente entre sí y que, a su vez, conforman una sola unidad funcional que trabaja de manera sistémica. Este tipo de instrumento propicia la búsqueda del bien común, donde cada comuna debe jugar un rol y sus intereses locales deben ser contrastados con el interés colectivo de toda la intercomuna. El planteamiento anterior es más fácil comprenderlo cuando se trata de la definición de la vialidad estructurante, donde muchas veces existen comunas que deben soportar el tránsito de flujos de carga que sólo van de paso por ella, generando externalidades negativas, pero que son necesarios para el desarrollo de toda la intercomuna. En casos como la región del Biobío, con un sistema portuario importante, el instrumento de planificación debe buscar la manera de mitigar y/o eliminar los efectos negativos y a la vez optimizar para toda la intercomuna la eficiencia del sistema vial hacia los puertos.

Pues bien, la modificación del PRMC se destaca por la coherencia de su propuesta de vialidad estructurante con vías expresas y troncales que mantiene y complementa los anillos de circunvalación y puentes que permitirán separar los flujos de carga, evitando su paso por el interior de las ciudades.

Se preocupa de definir y zonificar con mayor detalle los sectores de actividades productivas y de infraestructura de nivel intercomunal. En cuanto al tema ambiental, reemplaza las anteriores zonas de valor natural, del PRMC de 2003, cuya legalidad ha sido cuestionada por la Contraloría, por un sistema de áreas verdes y de parques intercomunales, éstos últimos con afectación a utilidad pública. Reconoce también las áreas protegidas por la legislación atingente, como la Reserva Natural de Nonguén y el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén.

La modificación al PRM destaca por la coherencia de su propuesta de vialidad estructurante que permite separar los flujos de carga, evitando su paso por el interior de las ciudades.

Sin embargo, en cuanto a las áreas de extensión urbana, la presente modificación queda al debe, ya que no profundiza en sus características y su ubicación. No las evalúa con un enfoque sistémico de toda la intercomuna, sino que mantiene el límite anterior y las reduce en términos de cantidad de hectáreas totales, puesto que no repone la superficie que ya ha sido ocupada por los Planes Reguladores Comunales en los últimos años y paralelamente restringe sus normas de manera de desincentivar su ocupación.