Eliminación del crédito a la vivienda: la peligrosa ecuación para financiar la PGU

Ene 19, 2022Opinión

David Vásquez
Presidente Comité de Vivienda
Cámara Chilena de la Construcción, sede Concepción

En estas últimas semanas, hemos sido testigos de la discusión sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), una medida altamente redistributiva y que, entre otras fuentes, se pretende financiar aumentando un impuesto totalmente regresivo, lo cual resulta sorprendente.

Todos sabemos que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) castiga con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos y, por lo tanto, cuesta entender que no se advierta que eliminar el mal llamado Crédito Especial a las Empresas Constructoras (CEEC) es, en la práctica, aumentar el IVA a un bien que demandan miles de familias en el país, especialmente, las más vulnerables y cuyo déficit se estima en torno a las 700.000 viviendas en Chile.

Se olvida que el CEEC tiene como fin último ser una ayuda al comprador y se produce por la necesidad de gravar en menor proporción a la vivienda, dada la evidente importancia que tiene para las personas. Con el objeto de mejorar la focalización, el beneficio se restringe a viviendas cuyo precio no supera las 2 mil UF, o 2.200 UF, si son financiadas en su totalidad o en parte por subsidios estatales, por lo que se está lejos de beneficiar a las familias de mayores ingresos.

El IVA es un impuesto al consumidor, por lo que cualquier aumento implica que el comprador deberá pagar más por el mismo producto y su recaudación ingresará a las arcas fiscales para financiar gastos del Estado, en este caso, el loable propósito de mejorar y dar dignidad a las bajas pensiones.

Sin embargo, estos fines, por muy bien intencionados y meritorios que sean, no pueden justificar los medios que, en este caso, implicarán un incremento de precio en las viviendas destinadas a los sectores de menores ingresos. Dicho de otra forma, no pueden financiar (aunque sea parcialmente, pues se contemplan otras fuentes de financiamiento) las familias más carenciadas, las pensiones de sus semejantes, en similares condiciones de ingresos. Es sacar del bolsillo de una familia vulnerable o emergente, para ayudar a otra en condición similar. Lo que no cuadra.

Por otra parte, muchas de estas familias sólo pueden acceder a una vivienda a través de subsidios con un ahorro que va desde las 10 a 80 UF, dependiendo del programa habitacional. La interrogante es ¿quién financiará ese mayor valor? Suponemos que el Estado, ya que, para mantener o mejorar el ritmo de atención a las familias más vulnerables debería aumentar los subsidios para compensar ese mayor costo que tendrá ahora la construcción de la vivienda por mayor impuesto.

Es decir, por un lado, se recaudarán más impuestos, y por otro, en el caso de los subsidios a la vivienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá aumentar los egresos, para balancear el ejercicio.

Ahora, si el Estado decide no entregar mayores subsidios para no gastar parte de lo recaudado y focalizarlos en la PGU, el costo social podría sería altísimo. Esto pues pudiera significar que proyectos destinados a ser financiados con subsidios, hoy con graves problemas de costo por la inflación y con subsidios fijos, no se lleguen a concretar, agudizando el déficit habitacional.

No cabe duda que se deben mejorar las pensiones, pero su financiamiento debe ser mediante fórmulas que no afecten, precisamente, a los que se dice querer favorecer.

Si el Estado no agrega mayores recursos a los subsidios, existe el potencial riesgo de que los proyectos sociales no lleguen a concretarse, agudizando aún más el déficit habitacional de las familias vulnerables.