La falta de certeza jurídica en la actividad inmobiliaria por Patricio Lagos Narváez

Abr 11, 2019Opinión

Existe preocupación del sector inmobiliario en torno a la certeza jurídica de los permisos y aprobaciones vinculadas a éste y al de la construcción en general, especialmente, respecto de aquellos de edificación. Ello se funda en la creciente judicialización de muchos proyectos, en la transformación en contenciosos de los procedimientos administrativos que a ellos se refieren, terminando en las actuaciones de la Contraloría General de la República. Aún más grave es ello cuando los proyectos están en plena ejecución y las inversiones ejecutadas en buena parte.

Patricio Lagos Narváez

Abogado asesor CChC Concepción

Nuestra Constitución, en su artículo 19 N°26, asegura a las personas que sus derechos podrán ser ejercidos de forma plena y segura. Esto se conoce también como “seguridad jurídica”. Una de sus tantas definiciones es aquella que da el profesor de derecho constitucional, don José Luis Cea Egaña, según la cual ésta es “la situación psicológica de la persona que, en cuanto sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, conoce el ordenamiento objetivo que debe cumplir, sabe que este sistema normativo es generalmente observado y confía en que así continuará ocurriendo”.

Fácil es percatarse que la defensa del contenido esencial de un derecho puede colisionar objetivamente con el mismo núcleo inafectable de otro derecho fundamental. Así ocurre frecuentemente en la realidad. La seguridad jurídica plena es una utopía inalcanzable por lo que hemos de conformarnos con una seguridad jurídica relativa. Es responsabilidad, principalmente de nuestro ordenamiento jurídico, velar por que ésta sea lo más plena posible.

La solución de este dilema no es sencilla, pero tampoco imposible. Lo relevante estriba en buscar y hallar la conjugación o armonía entre los derechos en conflicto.

El principio de seguridad jurídica implica que el legislador y el poder ejecutivo deben perseguir la claridad y no la confusión normativa, deben procurar que acerca de la materia sobre la que legislen sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional Español, “no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas ( … ), puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta, dificulta su aplicación y, además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia” (STC 150/1990. FJ 8. 0)”.

La situación actual de la actividad inmobiliaria, aunque no la única en nuestra sociedad, lleva a preguntarse seriamente si nuestro ordenamiento jurídico está fracasando a la hora de cumplir su rol de contribuir al desarrollo de la sociedad y a la paz social.