La vivienda social en la encrucijada

Abr 13, 2022Opinión

Helen Martin
Presidenta CChC Concepción

Quienes han estado a la cabeza del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo durante la última década han sido conscientes de la grave crisis habitacional que afecta al país y que se arrastra por más de 30 años. Hoy, el fenómeno se ha visto agravado con la pandemia, que no sólo ha dejado en evidencia lo complejo que se ha vuelto para miles de familias acceder a una vivienda, sino también, ha develado el impacto para el propio sector de la construcción.

El actual ministro Carlos Montes tiene un amplio conocimiento de ambos aspectos, pues entre 1990 y 2012 fue miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y luego como senador en 2020 presidió la misma instancia en la Cámara Alta. Es así, como la semana recién pasada reconoció que “la crisis de vivienda es bastante aguda” y que un aspecto de ésta se relaciona con el alza de precios de materiales para su construcción.

La CChC alertó de esta misma situación, señalando que el encarecimiento de los insumos, a los que podemos sumar el incremento de los costos de traslados, las dificultades para obtener materias primas, la escasez de mano de obra, entre otros factores, tendrá un efecto directo sobre los proyectos de viviendas, en especial las con subsidios DS 19 de Integración Social y Territorial.

Según estimaciones del gremio, a nivel nacional, más de 30 mil viviendas están en riesgo de no edificarse porque las empresas no pueden enfrentar incrementos de costos de hasta un 30% para avanzar en esas obras, a lo que se suma la incertidumbre de la evolución de los suministros y costos dada la situación internacional.

En la sede local, durante 2021 el Comité de Vivienda elaboró un análisis que permitió cuantificar esta realidad y proponer algunas vías de solución. El estudio mencionaba que hasta agosto de ese año cerca de 1.600 unidades seleccionadas en el llamado 2020 del programa de vivienda social DS 19 no iniciaban obras, en tanto, otras casi mil unidades habían sido desistidas de construir, lo que generaría un potencial escenario de desabastecimiento futuro de la oferta y, por ende, no alcanzar el anhelado “Déficit Cero”.

El trabajo gremial sirvió de respaldo ante el Minvu para visibilizar la problemática que varias pymes y minipymes de la construcción en la Región estaban atravesando y que en las mesas de trabajo con esa cartera y el Serviu veníamos alertando hace algún tiempo. Finalmente, se accedió a un reajuste de un 6% como tope para proyectos DS 49. Sin embargo, se dejó fuera el programa DS 19.

Sabemos que este Gobierno aspira a un cambio de la política habitacional, tal como lo anunció en su propuesta programática. Esperamos que esta transformación se realice incluyendo como prioridad uno la atención a nuevas realidades del sector en general y de la sociedad, pues el modelo actual de política de vivienda ha quedado obsoleto en muchos aspectos.  

Asimismo, se requiere avanzar desde los anuncios generales a propuestas concretas. En ese sentido, valoramos el plan de 260 mil viviendas para los próximos cuatro años y lo consideramos un desafío ambicioso, pero necesario para el país. Este desafío nos obligará a repensar los actuales modelos de planificación urbana de manera de generar los espacios necesarios para diseñar nuestras ciudades y entregar junto con más viviendas, servicios, áreas de esparcimiento, cultura y transporte de manera equitativa a cada persona. Sin duda deberemos revisar en conjunto dónde y de qué manera la ciudad y los barrios acogen a todos esos chilenos que hoy anhelan una vivienda.

Eso sí, toda iniciativa de este tipo requiere de un trabajo integral con otros ministerios junto al sector privado. Ojalá que las nuevas autoridades, en nuestro caso, la seremi de Vivienda y el director de Serviu continúen por la senda de una agenda que considere la alianza público privada. No hay otra forma de superar lo que se ha convertido en una verdadera emergencia.    

Sabemos que este Gobierno aspira a un cambio en la política habitacional. Esperamos que éste tenga como prioridad uno la atención a las nuevas realidades del sector y de la sociedad.