Obras de infraestructura en riesgo por sobrecostos en el sector construcción

Sep 23, 2022Opinión

Bernardo Suazo
Presidente de la CChC Concepción

La reactivación de la inversión pública no ha sido fácil para el país. Los diversos efectos de la pandemia se han dejado sentir en un área que es un pilar para sostener la economía durante este año y los próximos y que, lamentablemente, se ven complejos en términos de dinamismo y crecimiento.

Durante los últimos dos años, los costos de construcción se han elevado por sobre el IPC, relegando las perspectivas de inversión. Lo anterior, con todos los impactos que eso significa en términos de empleo y en calidad de vida para los ciudadanos.

Más profundo aún es lo que ocurre con los proyectos de infraestructura pública. En el estudio “Sobrecostos de construcción en obras de infraestructura pública” realizado por la CChC Concepción se constató que los materiales e insumos del sector crecen en su valor tres veces más que el IPC, con un incremento anual de 30,7%. En esta línea, las obras de infraestructura son las que muestran el mayor aumento con un 36,4% de presión inflacionaria.

El mismo informe señala que, de una muestra de 200 obras en el país, el 100% de ellas fueron afectadas por esta alza y que el 70% no tiene mecanismos de reajustes a los cuales recurrir ante tal situación.

En el ámbito regional, vemos que este complejo panorama tiene consecuencias tanto para las empresas como para sus proyectos. Como gremio nos preocupa que obras de alto impacto social, tales como escuelas, caminos, comisarias y centros de salud, por nombrar algunos, no podrán terminarse o ni siquiera podrán comenzar con sus obras.

El documento antes mencionado ratifica que entre el 20 y el 25% de la cartera actual de los presupuestos asignados en distintas entidades ejecutoras no podrán ser concretados, incrementándose el riesgo de suspender o paralizar obras licitadas por el Estado.

Este escenario ha significado un desafío para mandantes públicos y privados ante la necesidad de financiar los mayores costos de construcción y ha implicado que diversas empresas contratistas sufran perjuicios ruinosos, que no sólo están generando incertidumbre en la finalización de los proyectos, sino también, en la continuidad de las empresas ante eventuales liquidaciones o reorganizaciones concursales.

Todos sabemos que el cierre de una empresa ante su insolvencia trae efectos que van más allá de la misma organización, pues implica el despido de trabajadores, el término de las relaciones contractuales con proveedores y la suspensión de la ejecución de una obra por largo tiempo, dejando a la población que se beneficia de esta infraestructura a la espera de una solución.

Creemos que se deben crear mecanismos que puedan ayudar a resolver la situación por la que pasan hoy las obras en desarrollo. Estamos conscientes que se hizo un esfuerzo con los futuros proyectos, a través de un polinomio, pero son las obras vigentes las que requieren con prontitud un salvataje.

Consideramos que una vía legal con características de única y excepcional puede hacer frente de forma rápida a estas complejidades y de esa manera no poner en riesgo la continuidad de una gran cantidad de iniciativas de infraestructura pública. Abogamos por una medida excepcional para circunstancias también excepcionales.

Las obras de infraestructura pública son las que muestran el mayor aumento en cuanto a costos de construcción, llegando a un 36,4% de presión inflacionaria.