Paz social como requisito ineludible para nuestro país

Nov 9, 2021Opinión

Helen Martin Urrutia

Presidenta de la CChC Concepción

El martes 9 de noviembre la Cámara de Diputados prorrogó el Estado de Emergencia, por 15 días más, en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía. Con esto, se persigue disminuir los episodios de violencia que han sido constantes en la macrozona sur del país.

Según cifras de la unidad de Coordinación Macrozona Sur, en base a información de Carabineros y la PDI, durante el primer semestre de este año ocurrieron 866 hechos de violencia, un 94% más que en el mismo periodo de 2020. La mayoría se registraron en La Araucanía, con 589; seguida por el Biobío, con 259 y 19 en Los Ríos.

No obstante, la medida de excepción ha permitido una disminución de un 43% de delitos en la zona, de acuerdo a lo señalado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

En virtud de este panorama, vemos como positiva la extensión de esta medida, pues creemos que es deber del Estado asegurar la protección de los habitantes, especialmente ante acontecimientos tan dramáticos como la muerte de carabineros, personas mapuches y no mapuches.

Consideramos que ante los hechos de violencia, la clase política no puede estar ajena, relativizando o minimizando la situación que viven a diario miles de familias en esa zona y de las cuales comprendemos su intranquilidad y temor ante este espiral delictivo.

Igualmente, es preocupante que gente de trabajo, como agricultores, pequeños o medianos empresarios de la zona, se vean impedidos de realizar sus actividades debido a que sus trabajadores son amenazados, hostigados o, incluso, se pongan en riesgo sus vidas. Es imposible lograr el desarrollo, cuando el escenario es totalmente incierto.

Como gremio productivo nos inquieta que los ataques se hayan extendido a diversos territorios de nuestro país y que en ellos se afecten a infraestructura pública, como el provocado al tren en Victoria. Asimismo, observamos con perplejidad el ataque a la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Universidad de Concepción y lo repudiamos con todas nuestras fuerzas.

Estamos convencidos que para construir un país próspero, con oportunidades para todos, la paz social es una condición imprescindible. Es necesario un clima de concordia para que la actividad económica, productiva y social se desarrolle sin contratiempos y con la mayor certeza posible.

En este sentido, adherimos a las declaraciones realizadas por la Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío (AGOP), de la cual somos parte, y que ha fijado como uno de sus principales ejes, trabajar por la paz social. La violencia nunca ha sido un mecanismo válido para manifestar el descontento o cualquier otra posición.

En nuestra opinión, para lograr que cientos de familias no tengan miedo de salir de sus casas, de transitar sin peligro o, simplemente, poder trabajar en un ambiente seguro se requiere aplicar marcos legales ejemplificadores para quienes ocupen la violencia como una manera de presión.

No entendemos que, por ejemplo, en el Congreso duerman a lo menos nueve proyectos de ley que entregan más facultades a las policías y al Ministerio Público para actuar frente a hechos de naturaleza violenta.

Por ello, creemos necesario y urgente un trabajo conjunto, colaborativo y coordinado, no sólo como hoy lo plantea el Estado de Excepción entre Carabineros y Fuerzas Armadas, sino también, entre los distintos poderes del Estado: Congreso, Ministerio Público y Poder Judicial.

Pero también, incorporar a la comunidad completa para que rechace y sea parte de instancias de diálogo. Que se propicien el bien común y, tal como se expresó en la Consulta Ciudadana donde más del 80% aprobó continuar con el estado de emergencia. Creemos que esto es un llamado porque existe una gran mayoría que quiere unidad, seguridad y paz.