Políticas Públicas y accesibilidad a la vivienda

May 26, 2021Opinión

La construcción tiene una importancia fundamental para el país. Representa un 6,4% del PIB y un 8,6% de los empleos nacionales, es decir 700 mil puestos de trabajo, en el periodo prepandemia. Pese a una caída en esta última cifra, de 50 mil empleos, producto de la crisis sanitaria; la construcción sigue siendo el motor de la economía.

Más allá de los datos, la actividad se destaca por su efecto multiplicador, dado por su aporte al dinamismo de otros rubros. A esto se suma que es catalogada como el “termómetro” de la economía, ya que su desempeño es un indicador adelantado de la actividad agregada.

Según estos antecedentes, sería esperable que las políticas públicas que atañen al sector estén a la altura del desafío que tenemos, que no es otro que mejorar las condiciones de vida de los habitantes y, en la actualidad, empujar la reactivación.

Por lo tanto, se necesita que estos lineamientos estén en sintonía con la realidad que hoy vive la industria y, así, podamos entre el sector público y privado, más la comunidad en general, atender a la solución de las problemáticas que la sociedad está demandando y que, con la pandemia, se han agudizado. Me refiero al déficit habitacional y a la proliferación de campamentos y familias allegadas en el país.

Si bien en la región se produjo un descenso de un 7% de los campamentos, la cantidad de familias se incrementó en un 10% llegando a 6.957. Con esto, el déficit de viviendas y la demanda por una pronta solución también han ido al alza.

Este panorama requiere entonces una concordancia entre las políticas que ayudarán a terminar con estas problemáticas y quienes hacen posible la materialización de esas soluciones. Es primordial que las iniciativas del Estado se ajusten a la nueva situación de la industria.

Un ejemplo de ello, son los planes reguladores comunales y metropolitanos que, sin duda, deben sincronizarse con el escenario actual, velar por el bien común, ser instrumentos de integración y cohesión social y acoger las nuevas necesidades de las ciudades. Estos instrumentos, ya anacrónicos, deberían facilitar la disponibilidad de espacios para el desarrollo de proyectos en zonas bien dotadas y que van en directo beneficio de la clase media.

Hoy las viviendas en suelos de este tipo son, prácticamente, inalcanzables, debido a la escasez de terrenos para construcción, lo que influye en su valor final.

Otro aspecto se da en el ámbito de la vivienda y la infraestructura. El plan de reactivación regional no ha mostrado la celeridad que se requiere. Según cifras del MOP a nivel regional de los 108 proyectos que involucra, un 27% han sido declarado desiertos, realizándose en parte de ellos nuevos llamados a licitación.

Creemos que las crisis que hoy afectan al sector -y lo hacen como nunca antes de manera simultánea- han influido en la desigualdad de miradas entre el sector público y privado para avanzar en esos proyectos. La falta de mano de obra y el alza de precios y quiebre de stock de materiales claves para el rubro, como la madera y el fierro, crearon un nuevo escenario de costos para las obras.

Es necesario que estas contingencias en materia de costos se incorporen en las licitaciones del Estado. Para eso, propusimos en el área de infraestructura un polinomio de indexación con el fin de mejorar las diferencias en los valores de construcción y desarrollo de las iniciativas.

Como lo hemos señalado, la escasez de trabajadores también es un factor que golpea a la industria y que se ha vuelto complejo dado el panorama de informalidad creciente de esta masa laboral. Como sector, nos apremia una política de incentivos que promuevan los trabajos formales.

En este contexto, vemos con preocupación la posible eliminación a la exención del IVA a la construcción, un beneficio que está focalizado para las personas y no como se cree en las constructoras. Esta medida causará un encarecimiento de la vivienda y quien terminará pagando el mayor precio será el comprador final.

Por ello, si se revisa este instrumento tributario es fundamental que exista un aumento en el monto de los subsidios a las personas y una política pública para contener el impacto no deseado de la eventual medida que será, sin duda, la profundización del déficit habitacional en el país.

Helen Martin

Presidenta CChC Concepción